Las AAPP reclaman un mayor control para garantizar la competencia interportuaria
Sin obviar la disparidad de matices y posicionamientos, las respuestas de las 28 autoridades portuarias al cuestionario del Marco Estratégico muestran claramente que, ante el reto de la competencia interportuaria, se demanda mayoritariamente un mayor control, eso sí, a través de distintos instrumentos.
- 12 febrero 2019 01:00
- Última actualización
11 febrero 2019 15:07
Hasta 23 autoridades portuarias reclaman medidas de control para garantizar dicha competencia que van desde exigir un control centralizado hasta establecer una mayor regulación que garantice una leal competencia.
En la clasificación de las respuestas, Puertos del Estado establece dos grupos en función del grado de control exigido.
Por un lado, hay hasta 7 autoridades portuarias que reclaman el control máximo posible a escala del sistema portuario. Según OPPE y siempre a tenor de las respuestas a los cuestionarios, este grupo considera que “las actuales reglas de competencia interportuaria en el sistema portuario, o bien no son reales en la práctica (presencia de muchos tráficos que son cautivos, por ejemplo), o bien son muy perjudiciales e incluso constituyen ‘un fracaso’, al no dotar a ese mismo sistema del equilibrio deseado”.
Como consecuencia de estos posicionamientos, se aconsejan medidas como el “establecimiento de un dispositivo de control centralizado, o un marco sistémico que obligue a una muy estrecha coordinación, cuya materialización más clara es un mecanismo permanente de redistribución interna de recursos a una escala espacial determinada (todo el sistema portuario o por fachadas marítimas)”, aclara Puertos del Estado.
Por otro lado, hay hasta 16 autoridades portuarias con una posición algo más moderada y que reclaman una competencia leal regulada bajo control, con colaboración en ciertas materias.
Fallos graves
Según OPPE, “reconociéndose la competencia interportuaria como uno de los pilares del sistema portuario, se aprecian desde estas autoridades portuarias fallos cuyos efectos son catalogados como graves”.
Entre ellos destacan “excesos infraestructurales, o rebajas injustificadas de tasas”, que, a su juicio, “derivan en fenómenos de trasvase de tráficos existentes entre puertos, sin que se traslade el beneficio de los operadores dominantes al cliente final o al entorno socioeconómico”.
Las medidas que se proponen en este caso giran en torno a un refuerzo de la regulación que preserve la idea de “leal competencia”. En esa regulación tendría cabida, por ejemplo, a juicio de estas autoridades portuarias, “un estrechamiento del margen de variación de las tasas, o un papel reforzado de Puertos del Estado como agente supervisor que asegura una buena aplicación de las reglas de mercado”.