Con la entrada en vigor de la actual Ley de Puertos, se redujo el número de miembros de los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias españolas. En el caso de Valencia, quedaron fuera representantes de asociaciones empresariales que hasta el momento había disfrutado de un puesto en el Consejo de Administración, obligando a Autoridad Portuaria y resto de administraciones a hacer ciertos equilibrios para que la representación empresarial no se viera afectada.
El segundo Pacto del Botànic cuenta desde el pasado mes de mayo con un nuevo miembro más, Unides-Podem, lo que va a conllevar un cambio en el reparto de representantes que la Generalitat tiene en el máximo órgano de Gobierno de la APV.
A día de hoy, la Generalitat Valenciana tiene potestad para nombrar a cuatro consejeros. Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, e Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada del PSOE, finalizaron su membresía el pasado 31 de julio de 2019. Ambos, según fuentes de la APV, han seguido asistiendo a las reuniones del Consejo como invitados. Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y de la Asociación Naviera Valenciana, acude también como invitado desde mayo de 2019, fecha en la que expiró su papel como representante autonómico.
El cuarto de los representantes autonómicos, Salvador Navarro, presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios, mantiene su puesto, en principio, hasta el año 2021, según confirman las fuentes consultadas. A pesar de que a Navarro aún le queda algo más de un año en el Consejo de Administración, podría dejar de representar a la Generalitat Valenciana en virtud del acuerdo que adopte el Consell. Con todo, Navarro podría seguir como miembro del órgano rector de Valenciaport en representación de las organizaciones empresariales. Hay que recordar que desde la renuncia de Juan Pablo Lázaro de sus cargos en la CEOE, CEIM y UNO -y por tanto del Consejo de Administración de la APV- este puesto se mantiene vacante.
Desde el sector logístico valenciano se ve esta maniobra con escepticismo. El propio Vicente Boluda, durante el almuerzo que mantiene AVE a finales de cada año con periodistas, aseguró no comprender que se elija a perfiles más políticos que técnicos o con experiencia en el sector.
La llegada de esos nuevos consejeros se produce en pleno proceso de adjudicación de la nueva terminal de contenedores del Puerto de Valencia. El Consejo de Administración ya debatió y votó a favor de continuar con el proyecto (con el único voto en contra de Joan Ribó), y se desconoce si los cambios que se producirán tendrán alguna incidencia. El mismo Boluda valoró esa posibilidad. “Si los señores que con su voto, que no con su inteligencia, tienen que decir que blanco o negro, pues se paralizará. Porque ellos tienen su puesto asegurado. Qué más les dan los 12.000 puestos de trabajo que supondrá. Ellos van a seguir igual”, se lamentó el presidente de AVE.
El resto de miembros del Consejo de Administración de la APV con derecho a voz y voto mantienen sus puestos, a excepción del director general (Francesc Sánchez) y la secretaria del Consejo (María del Carmen de Puig de Olano), que cuentan con voz pero sin voto.
Asimismo, asisten como invitados -esto es, con derecho a voz pero sin derecho a voto- Luis Rosa, presidente de ATEIA-OLTRA Valencia; Diana Morant, alcaldesa de Gandia; Jorge García, presidente del CPE Valencia, Ignacio Ballester, presidente del Comité Ejecutivo de Empresas Consignatarias de la Asociación Naviera Valenciana, así como un representante de ASCER y otro de la Aduana.