Según la propuesta, el cambio en la actual legislación portuaria permitiría una “gestión transparente y multilateral en la toma de decisiones” de las Autoridades Portuarias. Més Compromís quiere que la administración local y la autonómica, “como titulares de la competencia en materia de ordenación del territorio”, acuerden con el Estado “la afección, desafección, ampliaciones y modificaciones del entorno portuario que le atañe, así como autorizar, regular, y gestionar los espacios y usos que se encuentren fuera del ámbito estricto de la competencia exclusiva estatal”.
Para la formación valenciana, la democratización de la gestión portuaria pasaría por “incorporar a la ciudadanía y a sus representantes” en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias y demás órganos de decisión en lo relativo al “diseño de planes estratégicos y la interacción con las ciudades”.
Por otro lado, la Proposición No de Ley exige una “definición objetiva y más concreta del concepto de interés general aplicado a los ámbitos estrictamente portuarios y que tenga en cuenta su relación con el urbanismo y la ordenación del territorio”, así como “incorporar las recomendaciones de la agenda AIVP 2030 relativas a la interacción puerto-ciudad”.
Joan Baldoví, diputado de Més Compromís, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Según la formación política, la actual Ley de Puertos otorga a las Autoridades Portuarias competencias sobre espacios y actividades “sin apenas contrapesos” Espacios de gestión
Según la formación política, los puertos se han convertido “de manera hegemónica en almacenes de contenedores” desde la década de los ochenta. Para Més Compromís, esta transformación se ha convertido en una “recurrente fuente de conflictos, tanto entre administraciones como a escala vecinal”, al crecer los puertos hasta colindar “con los barrios tradicionales portuarios”.
En su escrito, Més Compromís denuncia que el nacimiento y consolidación de la figura de la Autoridad Portuaria como ente gestor provocó que las autoridades municipales quedaran fuera de dicha gestión. “De este modo, a día de hoy, las Autoridades Portuarias han quedado configuradas como espacios de gestión ajenos a la gobernanza municipal que no deben rendir cuentas ante los gobiernos locales”, afirma la moción presentada ayer en el Congreso.
La actual Ley de Puertos, según el texto, “concede manga ancha a las Autoridades Portuarias para autorizar actividades y otorgar concesiones en su ámbito, siendo en cambio enormemente restrictiva para implantar determinados usos urbanos y ciudadanos”, adquiriendo “unas competencias sobre una serie de espacios y actividades sin apenas contrapesos”.
Un cambio legislativo al amparo de la nueva Terminal Norte de Valenciaport
La Proposición No de Ley presentada ayer por Més Compromís persigue el apoyo del Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a “paralizar la Ampliación Norte del puerto de Valencia hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental (DIA)”.
Esta nueva DIA sustituiría a la realizada en 2007 y realizaría “un análisis integral del proyecto de ampliación modificado” incluyendo aspectos como los accesos al recinto portuario o las futuras concesiones.
Dicha DIA “deberá incluir todas las actuaciones territoriales derivadas y vinculadas en la viabilidad económica de dicha ampliación, teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia climática y las exigencias de protección ambiental y territorial derivadas de la normativa autonómica vigente”, concluye el texto de Més Compromís.