Por un lado, a las empresas ubicadas en el recinto portuario que así lo soliciten, se les retrasará dos meses la facturación de las tasas de ocupación y de actividad de las autorizaciones y concesiones que tienen concedidas.
Además, también a petición de los clientes, se autorizará el cobro de las concesiones y autorizaciones por periodos mensuales en lugar de los trimestrales o semestrales que estén recogidos en cada uno de sus títulos.
Sin penalizaciones
Por otro lado, en aquellos casos en que quede demostrado los incumplimientos de la actividad mínima comprometida en los títulos concesionales por consecuencia de la crisis del Covid-19, no se les aplicarán las penalizaciones contempladas para estos casos.
Todas estas medidas serán presentadas en el próximo Consejo de Administración a celebrar para que su aplicación sea inmediata.
Pagos, lo antes posible
En lo que a los proveedores de refiere, esta Autoridad se compromete a pagar las facturas recibidas lo antes posible sin que para ello se tenga que cumplir los plazos comprometidos de pago en las mismas. Según sean autorizadas y se puedan preparar los pagos éstos serán efectuados.
“Con todo ello esta Autoridad Portuaria de Las Palmas quiere solidarizarse con nuestros clientes y proveedores ayudando a mitigar en todo lo posible los efectos económicos adversos que esta crisis va a producir en nuestro tejido productivo empresarial”, concluyen desde la APLP.
Asocelpa pide más apoyo a Puertos de Las Palmas, Ayuntamiento y GobiernoLas organizaciones empresariales de Las Palmas, representadas en Asocelpa, instaron hace unos días a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a que solicite al Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la activación de medidas para garantizar el flujo de mercancías, que se aplique una moratoria o exención de tasas portuarias, se activen bonificaciones de tasas o tarifas y se reduzca el IBI dado que las circunstancias actuales del sector ante el Covid-19 “constituyen, en nuestra opinión, un supuesto relevante de fuerza mayor que pudiera afectar tanto al cumplimiento de nuestras obligaciones como al desarrollo normal del sector”.
Los empresarios subrayan que el sector portuario “se está viendo perjudicado de manera muy relevante como consecuencia de la ralentización y paralización del comercio global” y que ya se han advertido situaciones como: una reducción del volumen de contenedores en las terminales y transbordo; una disminución del tráfico de importación, derivado de la merma en la demanda de consumo interno por el declive en lo que a visitantes se refiere; alteraciones en el tráfico interinsular marítimo; cancelaciones de escalas programadas de cruceros y prohibición de entrada a los puertos españoles con paralización de toda esta actividad de manera inminente; y la reducción de la actividad logística en general.
“Ello nos hace temer que la operativa del sector, su demanda de mano de obra y el cumplimiento de las obligaciones corrientes adquiridas con la Autoridad Portuaria, puedan quedar temporalmente afectadas”, apuntaron.
Así pues, “entendemos procedente el que se adopten medidas como que se garantice el flujo de mercancías necesario para el consumo de la población local, teniendo en cuenta el aislamiento de Canarias como región ultraperiférica, acelerando todos los procesos necesarios por parte de todas las administraciones intervinientes, evitándose así el desabastecimiento de las islas”.
Tasas y penalizaciones
Asimismo, las organizaciones pidieron que se conceda una moratoria o exención de pago de todas las tasas portuarias que pudieran originarse por causas de fuerza mayor, teniendo en cuenta todas las posibles circunstancias que puedan darse, tales como ocupación de línea de atraque por posible cuarentena de buques, buques que deban pasar a situación de inactividad derivada, adecuación de las manos de estiba al escenario que se presente en cada momento, etc. Algo a lo que la APLP ha dado respuesta con un aplazamiento de dos meses para el pago.
En los casos de concesiones administrativas, sujetas a un volumen mínimo de tráfico/escalas, que sea determinado el pertinente cómputo de bonificaciones u otros factores en base a situaciones de normalidad y, en cualquier caso, “no se apliquen las penalizaciones por no alcanzar el compromiso de esos tráficos mínimos”. En este caso, la APLP ha confirmado que no se aplicarán sanciones.
Bonificaciones
Las organizaciones también piden que se contemplen bonificaciones, compensaciones o similares en la aplicación de tasas o tarifas oficiales durante esta coyuntura especial y que se admita “el fraccionamiento o aplazamiento en la atención de liquidaciones portuarias sin soporte de recargo alguno”.
Asimismo, proponen el que se acorten los periodos de liquidación de las tasas de ocupación y actividad, de tal forma que puedan ser atendidos en plazos mensuales, tal y como ha sido posibilitado en otros periodos de crisis económica. Hecho que ha contado con el apoyo de la APLP que ha confirmado que "se autorizará el cobro de las concesiones y autorizaciones por periodos mensuales en lugar de los trimestrales o semestrales que estén recogidos en cada uno de sus títulos".
Reducción del IBI
Finalmente, se pide que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contemple la reducción del tipo impositivo del IBI de características especiales a aplicar en el recinto portuario, “habida cuenta de que nos encontramos soportando el coeficiente máximo y que igualmente existe margen para ello”.
“Nos permitimos sugerir que se tenga presente los superávits generados en ejercicios anteriores (como es el caso del Puerto de La Luz y Las Palmas), de tal forma, que pudiera constituir una vía de recursos para poder afrontar las medidas anteriormente mencionadas, así como cualquier otra que se pueda incorporar”, concluyen las organizaciones.