VALENCIA. En su resolución, la Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional la Ley número 5 de 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga. “Estas Leyes y Actos demandados guardan relación con el Contrato de Concesión entre el Estado y la Sociedad Panama Ports Company, S.A., para el Desarrollo, Construcción, Operación, Administración y Dirección de las Terminales Portuarios de los Contenedores, Ro-Ro, de Pasajeros, Carga a Granel y Carga General en los Puertos de Balboa y Cristóbal”, señala el tribunal.
Esta decisión puede suponer una dificultad más en el proceso de la venta de estos activos a Hutchison Cabe recordar el acuerdo con el consorcio formado por BlackRock y TiL, que incluía más de 40 terminales y la adquisición del 90% de la participación de Hutchison en los puertos panameños de Balboa y Cristóbal.
Panama Ports Company (PPC) ha señalado en un comunicado que “aún no ha sido notificada de dicha decisión” y la califica de “incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servicio de base para las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas”.
”Este es el último desarrollo de una campaña del estado panameño impactando a Panama Ports Company y a su inversor de más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la concesión y PPC”, indica la compañía.
Asimismo, PPC ha recordado que durante 28 años de operación, “ha invertido más de 1.800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país”.
También subrayó que la concesión de PPC “fue producto de una licitación internacional transparente. Desde ese momento, la compañía ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración”.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que el gobierno chino “tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”. Asimismo, en declaraciones que recoge la Agencia EFE, destacó que la compañía “se reserva todos sus derechos, incluida la vía judicial”.