La disputa entre Panamá y la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings por la concesión de los puertos de Balboa y Colón se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en torno al Canal. El origen del conflicto se sitúa en el pasado mes de ener0, cuando la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a la filial Panama Ports Company (PPC), lo que abrió la puerta a la retirada del control de las terminales.
Tras la decisión judicial, el Estado panameño asumió la gestión de los puertos, mientras Hutchison reaccionó activando un arbitraje internacional en el que reclama más de 2.000 millones de dólares, al considerar que se ha producido una expropiación ilegal y una vulneración de sus derechos contractuales. Panamá, por su parte, defiende la legalidad de su actuación y sostiene que la concesión presentaba irregularidades.
El conflicto ha trascendido el ámbito jurídico y empresarial para adquirir una dimensión geopolítica, con la implicación indirecta de China y Estados Unidos en torno al control de infraestructuras estratégicas vinculadas al Canal. En este nuevo escenario, la operativa portuaria se ha reconfigurado con la entrada de grandes actores como A.P. Møller-Maersk (APM Terminals) y MSC (Terminal Investment Limited -TiL).