Para OPPE “las medidas serán inútiles si se aplican demasiado tarde”
OPPE exige una monitorización permanente.
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En sus comentarios al proyecto de regulación de los puertos vecinos de transbordo, el Organismo Público Puertos del Estado alerta de que, pese a la definición de estos puertos, existe un “riesgo inminente de reubicación de las actividades de transbordo de puertos de la UE a puertos de fuera de la UE”.
Para OPPE, “la preocupación del sector marítimo por los costes asociados a la Directiva ETS está creciendo de manera preocupante y, por tanto, la fuga de carbono se está convirtiendo en un riesgo inminente”.
Entre las cuestiones más graves, Puertos del Estado recuerda que “las cadenas de transporte marítimo que abastecen a Europa se organizan a través de rutas que operan en puertos centrales de la UE, lo que otorga a la Unión Europea un control total sobre la cadena de suministro marítimo. Si esas rutas pasan de puertos centrales de la UE a puertos centrales fuera de la UE, se perderá ese control, lo que pondrá en peligro la autonomía comercial de la Unión Europea”.
Dicho lo cual, para Puertos del Estado “se necesitan medidas adicionales -a las ya aprobadas- para evitar que la fuga de carbono desplace el transbordo a puertos fuera de la UE”.
Como quiera que la propia regulación establece un mecanismo de seguimiento destinado a detectar la deslocalización de actividades de transbordo marítimo a puertos de terceros países y, además, se otorga a la Comisión la autoridad para adoptar medidas para prevenir tales prácticas, OPPE “ofrece su colaboración y apoyo durante el proceso de seguimiento”, sin olvidar que, de momento, la asignación de derechos de emisión a los puertos vecinos de transbordo de contenedores en las condiciones ahora mismo establecidas por la Directiva ya es para Puertos del Estado una medida “insuficiente para evitar la reubicación de las actividades de transbordo de contenedores, la fuga de carbono, la pérdida del control de la cadena de suministro y de la competitividad europea”.
“Deben adoptarse urgentemente medidas complementarias, tales como la asignación de derechos/descuentos gratuitos a las rutas transoceánicas en puertos de la UE”
Por ello, en el marco de este proceso de revisión, OPPE reclama ya que “deben adoptarse urgentemente medidas complementarias para evitar este proceso de deslocalización y para incentivar que las rutas de buques portacontenedores transoceánicas tengan su base en puertos de la UE, tales como la asignación de derechos/descuentos gratuitos a las rutas transoceánicas en puertos de la UE y un trato igualitario para el transbordo”.
Otro enfoque interesante planteado por Puertos del Estado en sus comentarios es que “las medidas serán inútiles si se aplican demasiado tarde y la fuga de transbordos a puertos extracomunitarios con todas las consecuencias asociadas a las que nos referimos sería irreversible”, dada precisamente la particular condición y volatilidad del tráfico de transbordo de contenedores.
Más allá de esta reflexión general y con carácter concreto, Puertos del Estado también reclama que las regiones ultraperiféricas de la Unión deben quedar “completamente excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva ETS debido a su especial vulnerabilidad”. En particular, Puertos del Estado subraya el caso de Canarias.
“Según su singular ubicación y el especial impacto que podría suponer la pérdida de conectividad para su economía y control de suministros, las Regiones Ultraperiféricas deberían tener un tratamiento particular, excluyéndolas del ámbito de aplicación de la Directiva”, insiste OPPE.
De igual forma, en coincidencia con la Dirección General de la Marina Mercante, que también ha presentado sus comentarios, OPPE exige una modificación normativa para que en vez de revisarse los puertos vecinos de transbordo cada dos años “en circunstancias debidamente justificadas, la Comisión pueda, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro, acortar el plazo de dos años para la actualización de los puertos que deban ser incluidos o excluidos de la lista de puertos vecinos”.
Este período de dos años podría reducirse siempre que un puerto supere el umbral de transbordo acordado, defiende OPPE.