madrid. El Proyecto de Ley, calificado por el Congreso en septiembre de 2024, logró por fin superar el plazo de presentación de enmiendas el pasado mes de noviembre, dando lugar a 336 propuestas de modificación del Proyecto de Ley que dibujan los muy diversos intereses que priorizan los grupos políticos y que hacen que este texto normativo ahora mismo no reúna el consenso mínimo en el Parlamento, y no solo por las divergencias de carácter general en el bloque de investidura que mantienen en vilo la legislatura, sino también por las peticiones específicas de algunos de los socios de Gobierno.
MARÍTIMO · El Proyecto de Ley de Reforma de las Leyes de Puertos y de Navegación Marítima no logra avanzar en el Congreso tras más de trescientes enmiendas que reflejan lo variopinto de los intereses de los grupos políticos
Por pedir que no quede: gobernanzas, cetáceos y carteles publicitarios
El doble bloqueo que sufre la reforma de las leyes de Puertos y de Navegación Marítima en el Congreso ofrece la oportunidad de un análisis pormenorizado de todas aquellas cuestiones más rupturistas, estrambóticas o anecdóticas que han planteado los grupos políticos.
EL DATO
336
enmiendas. 336 enmiendas se presentaron en noviembre al Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima, con 50 enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, 46 por Sumar, 36 por Junts, 48 por ERC, 4 por Vox, 40 por PNV, 28 por PP, 63 por PSOE y 21 por Bildu.
No hay que olvidar que el referido Proyecto de Ley es una propuesta eminentemente técnica que no busca cambios de modelo, sino simplemente abordar pequeños ajustes técnicos para hacer más eficiente la regulación portuaria y de la navegación marítima.
A este respecto, Diario del Puerto les ha venido informando ampliamente en los últimos meses de las enmiendas que con este mismo espíritu presentaron el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
En su enmienda para suprimir la calificación de interés general de Bilbao y Pasaia, Bildu se limita a justificarlo simplemente como “mejora técnica”
No es el caso de muchas de las propuestas del resto de grupos, que han visto la oportunidad en este proyecto normativo de proponer desde reformas profundas del modelo de gobernanza portuaria hasta un sin fin de aspectos más o menos relevantes en función de las muy diversas prioridades que suscita la actividad marítima.
Presidentes y ecologistas
En lo que respecta a las autoridades portuarias, el órdago es más que relevante en el caso de propuestas como la que de manera coordinada hacen ERC, Junts y PNV para crear el nuevo estatus de “autoridad portuaria de autonomía especial” que no es sino dotar a puertos como Valencia, Barcelona, Bilbao o Bahía de Algeciras de un “estatuto específico de autonomía” en materias que van desde las inversiones hasta las tasas, pasando por el personal.
Aún así, en este ámbito hay propuestas aún más extremas. Por un lado, Bildu introduce una enmienda en la que directa y exclusivamente propone descatalogar Bilbao y Pasaia como puertos de interés general. Pese a la enorme trascendencia de la medida, destaca la escueta justificación, habitual en el lenguaje parlamentario, que esgrime Bilbu, para quien esta propuesta es una “mejora técnica”.
Misma “explicación” que laque ofrece Vox, que en su enmienda de índole totalmente contraria, también la justifica como “mejora técnica”, en este caso al proponer que el Estado recupere la competencia en el nombramiento del presidente de cada autoridad portuaria, en detrimento de las comunidades autónomas, y lo mismo en el caso de los vocales del Consejo de Administración, que sería de competencia exclusiva de la Administración General del Estado.
Esta cuestión de los miembros del Consejo preocupa también a Sumar con un objetivo claro: que las asociaciones ecologistas estén presentes en el máximo órgano de gestión de los puertos. La coalición que lidera Yolanda Díaz menciona en su enmienda a “organizaciones empresariales y sindicales y sociales o ciudadanas (ecologistas)”.
Por su parte, Bildu, en el caso del nuevo Comité Asesor Marítimo, propone que lo integren hasta “seis representantes sindicales y ecologistas”.
Ruido submarino radiado
Esta cuestión del ecologismo está presente en otras de las enmiendas de algunos partidos destacando las propuestas de Bildu y Sumar para limitar la velocidad a 10 nudos en la Zona II de los puertos para evitar colisiones entre buques y cetáceos.
También destaca la propuesta, igualmente de Bildu y de Sumar de crear un Plan de Gestión del Ruido Submarino Radiado de los buques mercantes, para medir las emisiones de cada buque y si hay reducciones tener así acceso a “bonificaciones” portuarias.
Otro tema recurrente y muy sensible es el de las cuestiones portuarias que afectan al ámbito militar y geoestratégico.
Vox propone devolver al Estado las competencias íntegras para la designación de los presidentes de las autoridades portuarias
Sumar quiere que se incluya como disposición adicionalque “en ningún caso los puertos españoles servirán de base para buques militares extranjeros integrados o no en alianzas militares, ni serán punto de origen de operaciones militares contra otros países, preservando en todo caso el carácter pacífico y no beligerante del estado español”.
Además, también destaca el extensísimo protocolo que Sumar propone para “la especial supervisión e inspección de todos aquellos buques civiles con origen o destino a estados sobre los que recaigan indicios o sospecha de perpetración de delito de genocidio crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”.
El tema de la desmilitarización también lo recoge en sus enmiendas el BNG para todas las materias correspondientes a la investigación hidrográfica.
El BNG reclama la cesión de competencias a las comunidades autónomas de las Capitanías Marítimas y de Salvamento Marítimo (también en este segundo caso el PNV), y de otras competencias exclusivas como las relativas al transporte de viajeros y mercancías entre puertos de la misma comunidad autónoma.
El BNG también le da especial importancia a las lenguas cooficiales. Propone que de acuerdo con su nombre oficial en la matriculación de la provincia marítima de Vilagarcía de Arousa se pase a contener la expresión “VIL”, en vez de “VILL”. Igualmente se quiere garantizar por Ley la obligación de que los órdenes del día de todo consejo de administración de un puerto estén como mínimo en la lengua cooficial que corresponda.
Hoteles y vallas publicitarias
Un tema que denota un evidente caldo de cultivo son las enmiendas presentadas con relación a las infraestructuras hoteleras. El PSOE y el Grupo Mixto justifican que se levante la prohibición general de su instalación en dominio portuario por razones de interés general, mientras Sumar quiere prohibir para tal uso los faros o sus terrenos adyacentes.
Igual preocupación suscitan las vallas publicitarias en el dominio portuario. Coalición Canaria, Junts, ERC o PSOE abogan por flexibilizar su autorización, como sería la venta de espacios por parte de la propia autoridad portuaria en los lugares de uso puerto y ciudad.
Hay que destacar que de las 336 enmiendas presentadas, cerca de un 20% son para reclamar la reforma de más de una decena de leyes ajenas al mundo marítimo, muchas de ellas ligadas al ámbito de la electricidad, la energía y el medioambiente. Destaca la propuesta de Sumar de establecer un nuevo impuesto a los vuelos en jets privados y viajes en yates de lujo, con el objetivo de disminuir su impacto ambiental.
Así son las autoridades portuarias de “autonomía especial” que quieren aprobar Esquerra Republicana, PNV y Junts
Las enmiendas 106, 135 y 193 al Proyecto de Ley de Modificación de las leyes de Puertos y de Navegación Marítima contienen la propuesta común de los grupos parlamentarios de Junts, ERC y PNV para la creación de una nueva figura que han venido a denominar “autoridades portuarias de autonomía especial”, en lo que es una redacción muy similar y pactada con apenas pequeños matices o aclaraciones diferenciadoras.
La propuesta es crear la nueva figura de “autoridades portuarias con autonomía especial” que serían designadas en base a tres criterios objetivos:
1) Que por lo menos uno de los puertos bajo su gestión pertenezca a la red básica de transportes de la UE (TEN-T).
2) Que su volumen de tráfico de mercancías en los tres últimos años supere los 25 millones de toneladas de media.
3) Que su importe de la cifra de negocios en los tres últimos años supere los 60 millones de euros de media.
Con estas condiciones solo seis autoridades portuarias podrían alcanzar el estatus de atonomía especial: Bahía de Algeciras, Valencia, Barcelona, Las Palmas, Bilbao y Tarragona. Hay que destacar que Cartagena y Huelva cumplirían los criterios de la Red TEN-T y el volumen de tráfico, pero no el criterio de volumen de ingresos. Además, A Coruña, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Gijón y Vigo solo cumplirían el criterio de la Red TEN-T.
Esta consideración de “autonomía especial” conferiría importantes prerrogativas de autonomía de gestión según la propuesta de los referidos partidos nacionalistas, que han presentado cada uno su propia enmienda al respecto, si bien el texto es muy similar, con solo algunas diferencias en la redacción de las prerrogativas que otorgaría el nuevo estatus.
En esencia, como se recoge en la enmienda de ERC, la consideración de autonomía especial supone dotar a las referidas autoridades portuarias de un “estatuto específico de autonomía” con importantes cambios procedimentales. Así, los informes de Puertos del Estado respecto a las competencias de estas autoridades portuarias pasarán a ser meramente potestativos y no vinculantes; los acuerdos adoptados por los Consejos de Administración no podrán ser impugnados ni por las comunidades autónomas ni por Puertos del Estado como hasta ahora; las inversiones, ni siquiera según su cuantía, deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros, el ministro o el secretario de Estado; deja de aplicarse la Ley de Patrimonio para la adquisición, gestión o enajenación de los bienes patrimoniales de la autoridad portuaria; los auditores de las cuentas podrán ser contratados directamente por la autoridad portuaria; ni el Ministerio de Hacienda ni el de Función Pública tendrán competencia en la contratación de personal en estas autoridades portuarias. Además, las autoridades portuarias tendrán plena aut0nomía para fijar los coeficientes correctores de las tasas de autilización, dentro de unos límites máximos y mínimos, así como las bonificaciones.
En el caso del PNV, en su enmienda se especifica que las autoridades portuarias a las que se reconozca un régimen de autonomía especial no estarán sujetas a las funciones de coordinación y control de OPPE, no especificándose nada en tema de tasas.
En la enmienda de Junts, prácticamente igual a la de ERC, se establece como única justificación que “el sistema portuario es un pilar fundamental para el comercio internacional y el desarrollo económico”.
De acuerdo con las exigencias de los partidos nacionalistas, ahora mismo las únicas autoridades portuarias con acceso a la “autonomía especial” serían Bahía de Algeciras, Valencia, Barcelona, Las Palmas, Bilbao y Tarragona
La reforma “permanece bloqueada”
Según fuentes del Grupo Parlamentario Popular en declaraciones a Diario del Puerto, “tras el cierre del plazo de presentación de enmiendas el pasado 19 de noviembre”, la negociación sobre la reforma de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación Marítima “permanece bloqueada”.
“Nadie se ha puesto en contacto con el PP para abordar negociación alguna”, subrayan desde el Grupo Parlamentario Popular, donde sitúan la responsabilidad en los grupos que sostienen en la Cámara Baja al Gobierno.
Respecto a las posibilidades de que la reforma salga adelante, desde el Grupo Parlamentario Popular aseguran que su trabajo “está hecho”, pero sostienen que es el Gobierno quien mantiene actualmente paralizado el proceso.
En cuanto a la posibilidad de alcanzar un consenso, desde el Partido Popular se subraya que, sin una propuesta sobre la mesa, resulta “muy difícil” valorar esa opción.
Al respecto, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han señalado a este Diario que la tramitación está en “la fase de ver las enmiendas de todos los grupos y ver si hay un punto de encuentro para trabajar”.
“No podemos decir todavía nada de fechas sobre cuándo se podría acometer el debate y aprobación de las enmiendas. Siempre se trabaja con el objetivo de alcanzar un consenso pero ahora mismo se está en la fase de hablar entre los grupos para ver el punto de acuerdo que hay”, han señañado desde el Grupo Socialista.