La APC ha identificado a los propietarios de los vehículos, y partir de ahora se inicia un procedimiento cuya tramitación puede llegar a durar varios meses. Los titulares de los vehículos disponen de un mes para retirarlos de la zona. En caso contrario, la Autoridad Portuaria se hará cargo de su recogida y posterior tratamiento como residuo sólido urbano con el consiguiente cargo de los gastos generados por la operación e iniciará un proceso sancionador.
Del total de vehículos localizados, un total de 17 tienen una orden de embargo por distintos juzgados españoles, por lo que en este caso es necesario comunicar a la DGT la situación para que proceda a dar de baja el vehículo en su registro.
Una vez retirados todos estos vehículos se liberará un amplio espacio para su posterior concesión para usos portuarios.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, ha afirmado que “el puerto no puede convertirse en un vertedero de vehículos ni en un desguace”, por lo que “ya hemos puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para adecentar la zona, lo que nos permitirá concesionar este espacio”.
Al mismo tiempo, Toledo ha señalado que se intensificarán las acciones de vigilancia para evitar que se repitan este tipo de acciones.