El Ministerio de Transportes deberá confirmar en un plazo máximo de seis meses si la reversión de los terrenos de Unión Naval Valencia a la Autoridad Portuaria de Valencia se hubo de haber realizado en el año 2018 bajo la fórmula del rescate o por la vía de caducidad.
En su momento, la APV optó por la primera fórmula tras haber estudiado informes realizados por la Secretaría General y la Cátedra Demetrio Ribes, además de analizar estudios de valoración y tasación y de planificación de la nueva concesión. Tras estos informes, y tras pasar por un mínimo de cuatro reuniones del Consejo de Administración -en las que según la APV el empresario Vicente Boluda se ausentó para no generar un conflicto de intereses- se sometió a información pública, período en el que no hubo alegaciones ni informes en contra del Ayuntamiento de Valencia.
La Abogacía del Estado, sin embargo, emitió un informe en el que instaba a la APV a “explorar la vía de la caducidad de la concesión”, un informe que tal y como reconoció ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, “en mi opinión fue bastante duro”.
Con todo, la APV decidió hacer suyo ese informe, un paso que quedó refrendado ayer con el visto bueno del Consejo de Administración a la incoación del procedimiento de lesividad contra los intereses públicos
La Autoridad Portuaria de Valencia mantiene intacto su compromiso e interés en el desarrollo de la nueva terminal de pasajeros
Al respecto, el presidente de Valenciaport desechó ayer cualquier actuación que no se ajuste a la legalidad: “En la Autoridad Portuaria de Valencia siempre hemos actuado conforme los informes jurídicos y técnicos, hemos sido extremadamente escrupulosos, y nunca hemos dado un paso sin el soporte de esos informes, y así lo seguiremos haciendo, aunque esos informes sean discrepantes”, en referencia al análisis hecho por la Abogacía del Estado.
A pesar de este nuevo escollo administrativo, la Autoridad Portuaria de Valencia mantiene intacto su interés por el proyecto de la nueva terminal de pasajeros del puerto de Valencia.
GNV
En otro orden de cosas, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia decidió ayer otorgar la licencia de prestación de los servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje en línea regular, así como el servicio de carga, estiba, descarga y desestiba y transbordo de mercancías mediante operativa ro-ro en el puerto de Valencia a Erhardt y Cía.
A partir del 6 de julio, Erhardt se encargará de prestar estos servicios a los buques de Grandi Navi Veloci, propiedad del Grupo MSC, en las nuevas líneas marítimas que prestará entre Valencia y Baleares. Está previsto que los buques operen en el Muelle Perfecto Palacio de la dársena valenciana.
Los barcos que operarán las líneas serán el “GNV Sealand” y el “GNV Bridge”. El primero cuenta con una capacidad de 2.255 metros lineales de carga, 195 automóviles y puede acoger a bordo hasta a 880 personas. El “GNV Bridge” es un ferry de nueva construcción con 2.564 metros lineales de carga, equipado con una depuradora capaz de minimizar las emisiones a la atmósfera. Puede alcanzar una velocidad de 24 nudos.
Distinto proceso, mismo resultadoEn 2018, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia decidió declarar la necesidad de rescate de una parte de la concesión de Unión Naval Valencia (UNV), en desuso, para poder desarrollar allí el proyecto de la nueva Terminal de Pasajeros.
En función de lo previsto en estos casos por la Ley de Puertos, UNV solicitó a la APV que, convenido el valor del rescate, el pago del mismo se realizara mediante el otorgamiento de otra concesión a favor de Boluda Corporación Marítima, propietaria indirecta del 100% de las acciones de UNV.
Así las cosas, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia del 19 de octubre se acordó el otorgamiento a Boluda de una nueva concesión consistente en la ocupación de una parcela de 4.700 metros cuadrados en la carretera del Muelle de Poniente del puerto de Valencia por un plazo de 35 años y la edificación existente en la misma de 2.375 metros cuadrados construidos (actual edificio de oficinas), así como la construcción de una nueva edificación de 8.021 metros cuadrados construidos, todo ello destinado a acoger en exclusiva las oficinas centrales de la compañía. Posteriormente, avanzado ya el proceso, se licitó el concurso de la nueva terminal de cruceros, que se adjudicó a Baleària.
El proceso de rescate recibió el visto bueno de los técnicos. Sin embargo, a raíz del informe de la Abogacía del Estado, la propia APV ha advertido que podría existir “lesividad de los intereses públicos” en esa decisión, por lo que la misma institución es la que va a incoar un procedimiento contra sus propias resoluciones, que es lo aprobado en el Consejo de Administración de ayer.
A efectos prácticos, esta acción va a suponer un regreso al punto de partida para retomar el procedimiento en el artículo que ha generado la denuncia, lo que evidentemente provocará un retraso en los plazos previstos para la nueva Terminal de Pasajeros, pero que en ningún caso significará una renuncia de la APV a desarrollar el proyecto.
Para evitar en la medida de lo posible un retraso en el proyecto de la nueva terminal de pasajeros, la APV ha solicitado a Puertos del Estado -y por extensión al MITMA- que mantenga el primero de los acuerdos del Consejo de Administración del 20 de diciembre de 2018 -que hace referencia a los rescates de las concesiones de UNV- con la finalidad de “poder continuar con la ejecución de las obras y actuaciones de la Autoridad Portuaria que revisten interés general”, es decir, que la APV pueda mantener el proceso administrativo de otorgamiento de la concesión a Baleària, puesto que el resultado final será la reversión de esos terrenos a la APV, sea cual sea el proceso intermedio.
Por otro lado, también solicita la suspensión parcial del segundo acuerdo del Consejo de Administración de esa misma fecha, “en lo que afecta a la puesta a disposición de Boluda Corporación Marítima de los terrenos necesarios para la ejecución de la nueva edificación y los aparcamientos -que aún no han comenzado- manteniendo sus efectos en cuando a la edificación existente”. Esto es, la APV pide a Puertos del Estado que permita a BCM seguir utilizando su actual edificio de oficinas y paraliza el proyecto de las nuevas hasta el pronunciamiento definitivo del Ministerio.