Sometida a consulta pública la nueva reforma de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha lanzado la consulta pública previa para arrancar la tramitación de la nueva reforma del Texto de Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- 21 septiembre 2020 01:00
- Última actualización
18 septiembre 2020 16:02
Las partes interesadas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar sus propuestas para la elaboración de una iniciativa en la que tanto Puertos del Estado como la Dirección General de la Marina Mercante desean impulsar diversos cambios.
En lo que respecta a los problemas que se desean resolver con la modificación normativa, la consulta planteada por Transportes alerta, en primer lugar, de la “obsolescencia de determinadas normas que perjudican la actuación de la Administración Marítima y Portuaria, dificultando la competitividad de nuestro sistema frente a los de los países de nuestro entorno, como sucede con la importación y exportación de buques”.
En segundo lugar, se quiere resolver “la falta de cobertura legal de determinadas actuaciones consideradas necesarias para hacer frente a los retos de la seguridad de la navegación”.
Ante esta dificultad , existen retos tan relevantes como es la imposición de obligaciones de aseguramiento o la exigencia de avales que den cobertura adecuada a los riesgos creados en cada caso en el transporte marítimo.
Igualmente, se quieren resolver ineficiencias de nuestra legislación, como es el caso de “la exigencia de un importe mínimo, ciertamente elevado, para llevar a cabo el embargo preventivo de buques, lo que perjudica a la jurisdicción española frente a la de otros países”, se afirma.
Otro tema a resolver, según la consulta, es la necesidad de “ajustar determinadas normas legales a las modificaciones de los convenios internacionales que regulan materias como los límites de responsabilidad aplicables a los buques y embarcaciones de arqueo bruto inferior a 300”.
Además, se considera necesario “reunir en un único texto legal algunas materias desfasadas y dispersas, como acaece con las tasas de la Marina Mercante”, se asegura.
Por último, en materia de puertos, lo más relevante es adaptar la normativa española al Reglamento UE 2017/352 por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, directamente aplicable desde el 24 de marzo de 2019.
A este respecto, se recuerda que los servicios portuarios tienen una regulación propia en la actual legislación, “que deberá ser revisada a fin de incluir en la misma las decisiones que, por razones de seguridad jurídica, deban de adoptarse en el ámbito del derecho interno sobre estas cuestiones”, se afirma en la consulta.
OBJETIVOSA.- PUERTOS DEL ESTADO
Los objetivos del Organismo Público Puertos del Estado ante la nueva reforma legislativa son, según se recoge en el documento de la consulta pública:
-Adoptar las decisiones oportunas sobre aquellos aspectos que el Reglamento de la Unión Europea 2017/352 no declara obligatorios y que se han considerado de aplicación potestativa.
-Modificación puntual del régimen jurídico de los servicios portuarios en aquellos aspectos que sean necesarios para su completa adecuación a la regulación contenida en el Reglamento UE 2017/352.
-Adaptación de los procedimientos administrativos a la normativa sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y sobre régimen jurídico del sector público.
- Incorporación de algunas correcciones técnicas puntuales fruto de la experiencia resultante de la aplicación práctica del texto legal actual a lo largo de los nueve años transcurridos desde su promulgación.
B.- MARINA MERCANTE
La Dirección General de la Marina Mercante, como Administración Marítima, apunta los siguientes objetivos en la consulta pública previa ante la nueva reforma.
-Atender las necesidades detectadas y mejorar ámbitos de actuación relevante para la marina mercante española, como es el abanderamiento de buques.
-Mejorar la competitividad y eficacia de la flota española.
-Contribuir por la vía normativa a la mejor preservación de la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino.