Finalmente no habrá en principio cuarto real decreto ley de reforma de la estiba. El Ministerio de Transportes ha sorprendido con su decisión de tramitar la reforma de los Centros Portuarios de Empleo sin necesidad del concurso del Consejo de Ministros mediante dos enmiendas a un proyecto de ley ajeno al sector de la estiba portuaria, en estos momentos ya cerrado en el Congreso su plazo de presentación de enmiendas.
El texto por el que ha optado el Ministerio de Transportes para reformar los Centros Portuarios de Empleo, y para dotarlos de la seguridad jurídica necesaria que permita la firma del V Acuerdo Marco, apenas difiere del primer borrador que en su día publicó Diario del Puerto.
Tras un intenso proceso de consultas incluida la Comisión Europea, las dos enmiendas que se han presentado contemplan muy ligeras matizaciones con respecto al texto inicial y todas ellas claramente orientadas a disipar dudas en materia de defensa de la competencia.
De esta forma, tal y como estaba previsto, el objetivo es la reforma de la Ley que regula las empresas de trabajo temporal para la consagración de los Centros Portuarios de Empleo como “empresas de propiedad conjunta de base mutualista”.
De igual forma, queda especificado que en estos CPE “a través de los estatutos o de un contrato marco de prestación de servicios se determinará el régimen de la puesta a disposición de trabajadores”.
Este punto, presente en la reforma a propuesta del Ministerio de Transportes, regularía cuestiones como las tarifas, las formas de pago o las horas de contratación, lo cual no significa, según fuentes consultadas, que el resto de cuestiones habituales de organización del trabajo sigan pactándose en el ámbito de la negociación colectiva.
Al respecto de dicha negociación colectiva, el nuevo texto que quiere aprobarse en el Congreso matiza su redacción y cambia la fórmula “establecerá” por la de “podrá establecer” para afirmar que “la negociación colectiva podrá establecer las especificaciones necesarias para el desarrollo de esta obligación, particularmente mediante orientaciones en el ámbito de la organización y distribución del trabajo, incluida la fijación nombramientos y turnos, sistemas de rotación y otros que contribuyan a la estabilidad y calidad en el empleo y a una mayor eficiencia en la prestación del servicio”.
De igual forma, en materia de formación, la enmienda añade la fórmula nueva de “en régimen de no exclusividad” para afirmar que “en régimen de no exclusividad, las empresas socias del CPE colaborarán en la formación, perfeccionamiento y promoción profesional del personal del centro portuario de empleo. Para ello, las empresas pondrán a disposición de los centros portuarios de empleo de los que sean socias los nuevos medios y sistemas de trabajo para la impartición de la formación necesaria y simultánea del personal contratado por las empresas y del puesto a disposición por el centro portuario de empleo”.
Se consagran los Centros Portuarios de Empleo como “empresas de propiedad conjunta de base mutualista”
“En régimen de no exclusividad, las empresas socias del CPE colaborarán en la formación, perfeccionamiento y promoción profesional del personal del centro portuario de empleo”
Una vía tan poco ortodoxa como habitualAprovechar un proyecto de ley en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados para introducir una enmienda que reforma otro texto legislativo que nada tiene que ver con el tramitado es una práctica tan poco ortodoxa como habitual en la política española.La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, cajón desastre donde se aprovechaba para acometer todo tipo de pequeñas reformas, fue en su día el paradigma de esta práctica, acordándose su supresión dada la sustracción que comportaba para el debate parlamentario de muy diversas modificaciones normativas.Con todo, precisamente la ausencia de la Ley de Acompañamiento ha hecho que esta práctica se extienda a todos los proyectos normativos en curso.Según fuentes consultadas por Diario del Puerto, el objetivo del Ministerio de Transportes para finalmente renunciar a aprobar un real decreto ley y optar por esta vía de la enmienda ha sido la necesidad de “agilizar y acelerar su aprobación”, algo que no está del todo claro pues un real decreto ley “es ley” desde el minuto 1 que lo aprueba el Consejo de Ministros y luego para su convalidación tiene un plazo máximo de un mes, si bien lo habitual es someterlo a aprobación en el pleno de la semana siguiente. En el caso del Proyecto de Ley en el Congreso, la enmienda presentada debería ser aprobada aún por la Comisión competente, ir luego al Senado y luego regresar al Congreso, un trámite aparentemente no más breve.Para esta reforma de los CPE, se ha elegido la presentación de dos enmiendas conjuntas por parte del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común al “Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”, con el fin de introducir una nueva disposición final para la reforma de la Ley de ETTs y una disposición transitoria para los plazos de adaptación de los CPE a dicha reforma.Una vez más cobra especial relevancia en este proceso César Ramos, portavoz parlamentario socialista en la Comisión de Transportes del Congreso y piloto para la materialización de esta vía.