El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó en abril el denominado “Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI” (IMO Net-Zero Framework), con el que por primera vez un sector industrial al completo acordaba un precio global para las emisiones de carbono.
El IMO Net-Zero Framework, por la vía de enmendar el Anexo VI del Convenio MARPOL, debería haber sido ratificado la pasada semana por una mayoría de dos tercios en el seno del MEPC, si bien se acordó aplazar un año dicha ratificación.
La principal medida del Net-Zero Framework es establecer una norma mundial sobre combustible y un sistema de precios para las emisiones de GEI obligatorio para los buques de más de 5.000 GT, responsables del 85% de las emisiones del sector. El objetivo a largo plazo es alcanzar las cero emisiones netas “cerca de 2050”.
El paquete regulatorio iba a entrar en vigor en 2027 e incluye:
a) Norma mundial sobre combustibles (Greenhouse Gas Fuel Intensity, GFI). Los buques deberán reducir progresivamente la intensidad de carbono de sus combustibles, es decir, la cantidad de GEI emitida por unidad de energía consumida, utilizando una metodología que mide las emisiones desde la extracción del combustible hasta su consumo en el buque (Well-to-Wake, WtW).
b) Mecanismo económico global. Se introduce un sistema de créditos y penalizaciones con dos niveles de cumplimiento: un objetivo base y un objetivo de cumplimiento directo (Direct Compliance Target, DCT). Los buques cuyas emisiones superen el primero deberán adquirir unidades de recuperación (Remedial Units, RU) con un coste de 380 dólares por tonelada de CO2 equivalente (tCO2eq). Los que superen el objetivo de cumplimiento directo pero se mantengan por debajo de la base pagarán una penalización de 100 dólares por tCO2eq.
c) Créditos de cumplimiento. Aquellos buques con emisiones por debajo del DCT generarán unidades excedentarias (Surplus Units, SU), que podrán ser utilizadas para equilibrar sus niveles de intensidad de carbono por un periodo de hasta dos años. También podrán ser vendidas a través de un registro de la OMI. Este sistema permite la transferencia de créditos entre buques, facilitando el cumplimiento para aquellos con menor acceso a combustibles verdes.
d) Fondo Net-Zero de la OMI. Los ingresos recaudados por la compra de unidades excedentarias se destinarán a recompensar a los buques con emisiones nulas o casi nulas, financiar proyectos de innovación marítima y descarbonización en países en desarrollo y mitigar impactos negativos en estados vulnerables, como estados insulares y países menos desarrollados.
e) Revisión periódica. Las regulaciones serán revisadas cada 5 años para evaluar su eficacia y modificar su requisitos y exigencias en función de los avances tecnológicos y del mercado.
Según apuntó en abril la International Chamber of Shipping y teniendo en cuenta las reducciones de intensidad requeridas y cómo sería el sistema de dos niveles, se estima que para un buque que siga usando combustibles convencionales (y que no haga uso del sistema de pooling mediante la compra de unidades excedentes de otros buques), esta regulación en 2028 tendría un sobrecoste de aproximadamente 140 dólares por tonelada de combustible, aumentando a unos 200 dólares por tonelada para 2030 y potencialmente a más de 500 dólares por tonelada en 2035.
Para la OMI, los objetivos iniciales de cumplimiento serían relativamente accesibles mediante el uso de biocombustibles, de tal forma que la nueva regulación preveía una reducción de un 17% en la intensidad de carbono para 2028 respecto a 2008, aumentando al 21% en 2030. Sin embargo, según un informe del UCL Energy Institute de Londres (Reino Unido), el impacto real sería una reducción de apenas un 8% para 2030, muy por debajo de la meta del 20-30% establecida previamente por la OMI en su estrategia del año 2023. El UCL estima que el sistema podría recaudar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares hasta 2030.
La tramitación de la norma ha quedado en suspenso tras no ser ratificada por el MEPC la semana pesada, si bien se siguen negociando las directrices de aplicación, pues no hay que olvidar que la OMI tiene pendiente definir criterios claros sobre qué combustibles se considerarán realmente verdes y garantizar la transparencia y eficacia del sistema de créditos y del Fondo Net-Zero.
