Llegados a este punto, tras todo lo dicho y escrito desde el 9 de octubre en que comenzó esta huelga que está a punto de batir un récord de duración, sí, pero sobre todo, de sinsentido, nos presentamos en el último mes de este 2020 infausto con la sensación de que aunque el conflicto se resuelva mañana por obra y gracia de vaya usted a saber quién o qué, estamos perdiendo miserablemente el tiempo por un quítame allá esas pajas laboral, que es como se define la conflictividad de la estiba en España en estas últimas décadas, y que los ciudadanos corrientes de este país contemplan entre incrédulos y estupefactos.
En esas estábamos cuando apareció en escena el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con las letras de su apéndice ideológico sobreimpresionadas en la cartera de cuero de la ministra Yolanda Díaz, para proponer un proceso de mediación entre sindicatos y empresas imposible a primera vista. Hay quien ya ve un vicio de origen en la condición de Podemos de Yolanda Díaz y su equipo del Paseo de la Castellana 63 para proponer y liderar un proceso de mediación o negociación entre sindicatos y patronal. Es sabido el ascendente y la influencia de Pablo Iglesias sobre la ministra y la militancia política de ésta en el Partido Comunista, así como su trayectoria sindical y como abogada laboralista.
Sin embargo, conviene no prejuzgar las acciones presentes a partir de hechos pasados y dar así un margen de confianza a las buenas intenciones. Sería mezquino pensar que, por el mero hecho de su militancia de izquierdas (o de derechas o de centro, si fuera el caso), los responsables de un determinado ministerio o departamento gubernamental actuaran deliberadamente en contra de una de las dos partes para favorecer a la otra. Será que soy un ingenuo.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo (y Economía Social) ha trazado una hoja de ruta con el objetivo de alcanzar una solución dialogada en la estiba de Bilbao, fiel a su propio criterio ideológico, pero que incluye también, como no podía ser de otra manera dada su obligación institucional de garantizar el cumplimiento de legislación vigente y de emplear todos los instrumentos que ofrece el Estado de derecho, la posibilidad del arbitraje obligatorio.
A falta de conocer dicha hoja de ruta, el ministerio de Yolanda Díaz apuesta por agotar todas las posibilidades antes de recurrir al arbitraje obligatorio. Pero si se viera en la necesidad de hacerlo, lo hará. Para ello cuenta con el aval de la Abogacía del Estado. Como decía antes, conviene no prejuzgar sus acciones ni subestimar la capacidad de iniciativa y de consenso del equipo que forman la ministra Yolanda Díaz y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez. En apenas diez meses en el Ministerio han dado ejemplo con el acuerdo para los ERTEs con sus sucesivas prórrogas o la Ley del Teletrabajo. Haríamos bien, por tanto, en no descartar un acuerdo en la estiba de Bilbao propiciado por el Ministerio de Trabajo. Para conseguir las cosas, primero hay que desearlas.