Las oportunidades abiertas tras la supresión de la mayoría de aranceles sobre los productos europeos, por un valor aproximado de 1.000 millones de euros anuales (UE, dixit), ha puesto encima de la mesa nuevos e interesantes proyectos -de la viabilidad real nadie comenta nada por ahora- que han llevado a delegaciones de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas a visitar y firmar acuerdos de hermanamiento con ciudades niponas.
En un momento en el que el orden internacional se enfrenta a graves retos proteccionistas, ahí están los avispados del “great again” liándola, el pacto europeo representa “una señal oportuna en favor de un comercio abierto, equitativo y basado en valores y normas”. Al menos así nos lo vendieron desde el Parlamento Europeo el día de la votación. ¿Estamos seguros de ello? Bueno, sobre el papel, el acuerdo de asociación económica entre la UE y Japón tiene ventajas que, a priori, pueden generar crecimiento económico porque Japón ha abierto su mercado de contratación pública, en particular el ferroviario, y ha liberalizado sectores como el comercio electrónico, el transporte marítimo, los servicios postales, la energía y las telecomunicaciones. Pero, en el día a día... tendremos que esperar; así que, por mí, apliquemos la máxima de: “Cuando lo vea lo creeré”.
Lo que está claro es que el acuerdo crea una zona comercial de 600 millones de personas y que el 78% de las exportaciones europeas a Japón son de pequeñas y medianas empresas. Así que el apoyo de los gobiernos autonómicos a las empresas, en nuestro caso -en este caso-, es lógico y diligente. Así, como ejemplo, comentar que la Comunitat Valenciana se lanzó a la conquista del mercado el año pasado (y los puertos de Valencia y Castellón estuvieron allí); el Puerto de Barcelona realizará su misión empresarial de 2019 a este destino y, ahora, Castellón ha querido repetir experiencia profundizando aún más en las relaciones bilaterales con la ciudad de Ube, sede de un gran inversor de la provincia castellonense: Ube Industries. Por supuesto, el Puerto de Castellón se ha integrado en la delegación, liderada por el Ayuntamiento de Castellón, porque las oportunidades de seguir consolidando las relaciones comerciales con la tercera economía mundial (por detrás de Estados Unidos y China) no pueden dejarse escapar. Ahí ha estado el Consistorio castellonense impulsando la economía local y promocionando los productos del territorio en este mercado. ¿Lo que falta? Que algún operador portuario se atreva y apueste por el puerto de Castellón y consolide nuevos destinos desde el Grao más allá del Mediterráneo y que el Corredor Mediterráneo sea ya, de una vez por todas, algo más que un proyecto ilusionante.
La Autoridad Portuaria lo está poniendo todo de su parte: inversiones, metros cuadrados disponibles para nuevos proyectos, tasas y tarifas tremendamente competitivas (y lo serán más cuando se puedan aprobar las nuevas propuestas detenidas por la convocatoria de las elecciones generales), etc. Y la comunidad portuaria también. Pero, subrayo el pero, el Corredor Mediterráneo no ha avanzado al ritmo que debiera, a pesar de estar incluido en la Red Transeuropea de Transportes. Como recordaba hace unos días la Fundación Pro AVE, el tráfico ferroviario en ancho europeo abarataría a día de hoy el coste de transporte de nuestras mercancías en unos 6 céntimos por kilo en promedio, así que ¿a qué se está esperando? ¿Los políticos son conscientes de lo que nos jugamos en el Arco Mediterráneo? Tengo mis dudas.