El pasado miércoles 15 de julio cayó físicamente la verja de Gibraltar. Un día antes se había firmado en Bruselas el Tratado que la desmantela; hubo celebraciones en el Peñón y el propio presidente del Gobierno acudió a presenciar el derribo. Ciento diecisiete años después de que se levantara, en 1909, la frontera más fotografiada de Europa se convirtió en escombro. Y sin embargo, mientras se demolía la verja, la línea Algeciras-Bobadilla sigue teniendo los mismos tramos sin duplicar, la misma electrificación incompleta y el mismo trazado que arrastra retrasos de origen que superan ya el siglo.
Conviene no confundir el símbolo con la estructura.
El Tratado, que entró en aplicación provisional ese mismo 15 de julio -pendiente aún de ratificación por el Parlamento Europeo, previsiblemente en diciembre, y después por el británico-, tiene, sin duda, un enorme valor político y humano. Pone fin a las colas interminables de los más de quince mil trabajadores que cruzan cada día entre La Línea y Gibraltar. Abre la puerta a vuelos directos entre el Peñón y destinos europeos. Y da, por fin, certidumbre jurídica a una relación que durante años vivió a golpe de crisis diplomática.
Pero quien lea el Tratado con detenimiento encontrará algo que no ha ocupado titulares: la verja no desaparece, se desplaza. Los controles fronterizos se trasladan al puerto y al aeropuerto de Gibraltar, con un doble filtro -gibraltareño y español- calcado del modelo que ya funciona en la estación londinense de St. Pancras para los viajeros que cruzan el Canal hacia Francia. Es, como reconoce un alto funcionario europeo, una ficción jurídica: la frontera exterior Schengen se sitúa en un lugar que no forma parte propiamente del territorio Schengen. Habrá menos verja visible, pero seguirá habiendo frontera.
Además, Gibraltar deberá subir su impuesto indirecto equivalente al IVA del 3% actual a un mínimo del 15% desde el mismo momento de la entrada en vigor del Tratado, con convergencia plena en tres años. Esa asimetría fiscal que durante décadas alimentó buena parte del dinamismo comercial transfronterizo empieza, por tanto, a corregirse por mandato del propio acuerdo. Dicho de otro modo: el “efecto llamada” económico del Peñón hacia el Campo de Gibraltar se va a moderar estructuralmente en los próximos años, justo cuando más se necesitaría un motor propio de crecimiento.
Y ahí es donde el argumento se vuelve incómodo para el relato fácil. Porque si el objetivo es el desarrollo del Campo de Gibraltar en las próximas décadas —y no solo la foto de la demolición—, la prioridad más urgente y de mayor impacto estructural no es la verja: son las infraestructuras.