El marco legal está y debe seguir estando por encima de todo en cualquier orden de nuestra sociedad y aún más si cabe en ámbitos de fuerte conflictividad como la estiba portuaria. ¿Acaso no nos dice nada la experiencia de tantos años de inseguridad jurídica como para no convencernos de que necesitamos que prime ese marco legal y, sobre todo, que sea claro, estable y que se cumpla?
Son tres valores innegociables, pero por encima de la estabilidad y del cumplimiento yo destacaría la claridad, el más sensible, pues atribuimos con facilidad su ausencia a la impericia del legislador, cuando en el fondo en numerosas ocasiones su plasmación no es más que una estrategia por cobardía, incapacidad o un pragmatismo cortoplacista a la espera de que otros tengan más suerte, se estrellen o todo se autogestione.
Mucho de esto hubo en el proceso de liberalización de la estiba en España: primero porque el Gobierno no fue capaz en un primer momento de cerrar el modelo. Llegó hasta donde supo o hasta donde pudo o hasta donde le dejaron el resto de grupos políticos o hasta donde quiso o hasta donde le convino, pero lo cierto es que quedaron muchos flecos en el aire que luego hubo que seguir definiendo desde ese mantra tan sacrosanto como eufemístico de “la negociación colectiva”, una forma de lavarse las manos y arrojar la patata caliente para decir “allá ustedes se lo ventilen” desde el buenismo del “diálogo” pero bajo la amenaza trampa del “y ojo con incumplir la ley”.
En el modelo de estiba nos queda pendiente la estabilidad
Y segundo. Al gobierno le iba bien lanzarle el muerto a la negociación colectiva, y al banco sindical... también. Puestos a tener que asumir lo que a su juicio era inasumible, prefirieron dejar lagunas e ir como un clavo ardiendo a esa “negociación colectiva” pues allí se sentían fuertes y con capacidad de imponerse a las empresas. No podemos dejar de olvidar sus intentos de conseguir en el V Acuerdo todo lo que les había negado la ley, y ahí siguen estando los cuatro contrainformes de la CNMC para atestiguarlo. Luego, hubo y hay opiniones para todo, y la CNMC dijo una cosa, Trabajo dijo otra, la Audiencia Nacional emitió su sentencia y ahora lo ha hecho por fin el Tribunal Supremo, lo que en mi opinión, sea cual fuere su sentido, era un posicionamiento necesario pues la estiba requería de una última palabra definitiva de los tribunales españoles para sellar la estabilidad jurídica y lograr la claridad, y además debía ser por acción, que es lo que supone la sentencia, y no por omisión.
Sobre esta última palabra, vayamos primero a las matemáticas: el Supremo ha anulado seis artículos en parte o en su totalidad. Dicho lo cual (que no todo el mundo lo ha dicho), el valor de esta supresión es más cualitativo que cuantitativo y su importancia radica en que gran parte de lo suprimido confirma ese afan controlador sindical de querer ir más allá de sus atribuciones y que tanto censuró en su día la CNMC.
Por encima de esto, en su sentencia el Supremo consagra en todas sus líneas básicas la adecuada traslación al convenio del modelo de estiba, del que incluso se permite corroborar su ajuste a la normativa europea.
Dejo para el debate si un mayor respaldo mutuo entre Gobierno y empresas no nos hubiera permitido ahorrarnos años de inseguridad, inestabilidad y falta de claridad fruto de ese afán sindical por pretender llegar “más allá”, que es lo que ha modulado el Supremo.
A partir de aquí, casada por fin la negociación colectiva con el marco legal, aplaudamos la seguridad jurídica y la claridad alcanzadas. Nos queda pendiente la estabilidad, con la consulta en curso de la CE sobre los CPE. Al respecto, basta con leer lo publicado por este Diario en las últimas semanas para entender las posiciones de las empresas en torno a las condiciones para abandonar un CPE, así como para conocer los casos reales, sí, de empresas que ya han concretado la salida, como hecho incuestionable. Deberá en cualquier caso la Comisión valorar si, aún así, hay trabas excesivas. La consulta sigue su curso.
