Es imprescindible renovar la convicción en la necesidad de que la Administración General del Estado conforme sus vastos recursos humanos desde unas firmes bases de selección de personal y remuneración del mismo justas, equilibradas, igualitarias y del máximo nivel competencial. De la misma forma, ningún contribuyente debería poner objeción alguna a que en el ejercicio de estos principios se realice una exhaustiva labor de control que garantice que los recursos públicos, es decir, los de todos, se emplean de la manera más eficaz posible y acorde con la legalidad. Ahora bien, cuando en determinados ámbitos de la Administración se siembra durante años la cercenación salvaje de la capacidad de contratación; se coharta de manera arbitraria el acceso a los derechos que disfrutan otros trabajadores públicos; se dilata sin fin la toma de decisiones, basadas en principios de brocha gorda ajenos a cualquier especificidad del ámbito administrado; y, sobre todo, se desarrolla un procedimiento laboral y de control ineficaz, burocrático, aleatorio y en contra de la eficiencia en la prestación del servicio encomendado, lo más normal es que lo que recojas sea una retahíla de calles de en medio por la que han tirado bajo su responsabilidad los distintos administradores para intentar sobrevivir como servidores públicos. Es fácil para los sabuesos sacar pecho en este río revuelto, pero son ellos los causantes de este guirigay laboral donde la única verdad es que “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra...”
Del polvo de asfixiar
- 08 septiembre 2023 05:20
- Última actualización
08 septiembre 2023 05:20