En el marco del cumplimiento estricto de la regulación vigente, he llegado a la conclusión de que Aena en España hace mucho más de lo que debería hacer en materia de transporte aéreo de mercancías, muchísimo más, precisamente porque esa regulación vigente lo que establece es una desregulación en materia de carga aérea tan desconocida como salvaje que sitúa la interlocución entre los agentes económicos y el administrador de la infraestructura en un besuguismo dialéctico sin parangón a nivel logístico nacional.
Mientras los operadores logísticos exigen sus derechos ciudadanos y ser situados en el centro de la estrategia de un bien de interés público de alto valor estratégico como son los aeropuertos, Aena se limita a ejercer el papel que le confiere la legislación y, a lo sumo, a aprovechar las mercancías como un factor de rentabilidad más, sin otra exigencia ni compromiso que el propio en función de la maximización del beneficio.
El resultado de estos posicionamientos es que los operadores viven en una permanente insatisfacción e indignación porque Aena no responde al interés público de las mercancías, mientras que el administrador se siente permanentemente agredido y cuestionado cuando en su opinión cumplen fielmente con el mercado y, es más, se exceden en lo que se considera un ejercicio de responsabilidad.
No hay que cambiar a Aena, hay que cambiar la ley
Se dibuja por tanto un precipicio de incomprensión insalvable puesto que el único campo de juego es la buena voluntad, que no conduce más que a la extrema melancolía.
“Haga lo que debe”, gritan los logísticos. “No puedo y, aún así, miren todo lo que hago”, grita Aena. Y gritan unos y gritan otros y todos creen tener razón y todos tienen razón... o no.
Reforcemos la idea inicial con toda la contundencia y con toda la tristeza que comporta: no hay ahora mismo respaldo legal para considerar en los aeropuertos la carga aérea como un bien de interés general. Dramático, ¿verdad?
Es muy sencillo. Por un lado, en los aeropuertos españoles los servicios a la carga aérea no tienen consideración de servicio aeroportuario básico. Están totalmente fuera, entre otras cosas porque no generan ingresos por prestaciones patrimoniales públicas. Y me da igual el huevo o la gallina, es decir, si no es servicio básico porque no está sujeto a tasas o si no está sujeto a tasas porque no es básico. Hagan la traslación a los puertos y al servicio de estiba, reparen a su vez en las conocidas tasas del buque y de la mercancía y comprueben la diametral diferencia entre puertos y aeropuertos. Y sí, la ausencia de tasas no sale gratis. El coste de que nadie asuma la responsabilidad es enorme.
Máxime porque, a partir de ahí, a la hora de diseñar el DORA, es decir, el documento estratégico que establece el Estado en los aeropuertos para regular las condiciones que requiere este servicio de interés público, no hay ni un solo medidor que haga referencia a las mercancías ni uno solo. A Aena solo se le exige en materia de pasajeros y la única referencia a mercancías es indirecta al requerirse que se garantice la capacidad en función de la demanda del mercado.
Obediente, Aena se ciñe pues en materia de carga aérea a garantizar esa capacidad y a sacarle el máximo rendimiento patrimonial mediante la comercialización pura y dura del suelo logístico, orgullosa de rendir a Hacienda los dividendos por su 51% estatal, cuando el verdadero rendimiento sería garantizar la calidad del servicio y maximizarlo en favor de los intereses de España en el contexto global.
Por tanto, ya está bien de perseverar en este diálogo de besugos. Es inútil. No se trata de cambiar el proceder de Aena. Lo que hay que cambiar es la ley y además incluir las mercancías en el DORA. Seamos ambiciosos, la carga y nuestra competitividad como país lo merecen.
