Los recientes informes de la CNMC sobre las barreras a la competencia en la prestación de servicios portuarios no pueden ser despachados con la displicencia en la que habitualmente incurren algunos de nuestros gestores portuarios, amparándose en la norma.
El frustrante “a mí que me registren” ante determinados postulados porque “cumplimos lo estipulado por la UE”; porque “nos limitamos a aplicar la Ley de Puertos”; o porque “contamos con el informe favorable del Ministerio de Trabajo”, no son más que huidas hacia adelante, en la sempiterna tentación del sistema portuario de encontrar una posición cómoda para todos los actores directos, ignorando al ciudadano de a pie y al conjunto de la economía, único y verdadero cliente de los puertos.
Más allá del sonrojante incumplimiento en lo aprobación de determinados pliegos, lo que ponen de manifiesto los informes de la CNMC no son ni violaciones de la ley de competencia, ni comporta investigaciones ni aperturas de expedientes ni sanciones ni demás terremotos en los que tenemos encasillados a la CNMC.
De lo que advierte la CNMC en su conjunto es que el marco normativo español, en sus múltiples ámbitos, incluido el laboral y convencional, mantiene consagrados, a su juicio, severos obstáculos a la libre competencia, pero no porque esta sea un objetivo per se, sino porque estas barreras se traducen de manera manifiesta a su juicio en un impacto negativo para la competitividad de nuestros servicios portuarios, primero en precios y segundo en calidad de servicios.
Y esto último, por cierto, no solo lo dice la CNMC, sino que lo dicen los usuarios de los puertos españoles, tanto nacionales como internacionales, que recuerdan que nuestros enclaves son competitivos y hasta baratos en lo que respecta a las tasas portuarias pero, en cambio, son muy caros en lo que se refiere a los servicios portuarios, fruto entre otras cosas, insistimos, de esas barreras a la competencia.
Situados por tanto en el ámbito de lo mejorable y no en el ámbito de lo ilegal, los informes de la CNMC tienen un claro destinatario que es la Administración en general y el Organismo Público Puertos del Estado en particular, que no sólo está para hacer cumplir la ley en los puertos españoles sino que tiene claramente delegadas en este ámbito las funciones de defensa de la competencia.
Deben los informes de la CNMC acrecentar el debate en el seno de OPPE
Como bien saben, en su artículo 104.1, el Texto Refundido de la Ley de Puertos recuerda en su apartado referente a la prestación de servicios portuarios que “la actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia entre los operadores de servicios en los puertos de interés general” y “a tal efecto, corresponde a Puertos del Estado promover la competencia en el conjunto del sistema portuario y a las Autoridades Portuarias en sus propios ámbitos territorial y funcional”.
Pero es más, en su artículo 125, tal vez el más relevante, la propia ley encomienda a Puertos del Estado la supervisión y promoción de la competencia en la prestación de los servicios portuarios, sin perjuicio de las funciones asignadas a este respecto a otros organismos, es decir, a la CNMC.
Por tanto, el papel de Puertos del Estado en materia de defensa de la competencia en el sistema portuario no puede ser nunca en los puertos reactivo, debe ser proactivo y por tanto, con independencia del cumplimiento estricto de la ley, es responsable directo de la existencia de esas barreras a la competencia y de tener que trabajar para superarlas
Deben por tanto los informes de la CNMC acrecentar el debate en el seno de Puertos del Estado y no porque se planteen cosas hasta ahora desconocidas y que no estén sobre la mesa en el Organismo Público, sino porque no podemos detenernos en las “barreras” que existen para eliminar las barreras. Y es que nadie dijo que fuera fácil. Lo sabemos.
Cuestiones recurrentes como la seguridad, la limitación de espacio o el volumen de actividad hacen muy complejo en determinadas circunstancias que, por ejemplo, haya varios operadores que garanticen la competencia en ciertos servicios. Ahora bien, es necesario ser valiente para abordar determinadas situaciones de privilegio y sin necesidad de que vengan de fuera a incoarnos expedientes.
Algo muy simple y que supondría una gran aportación es la transparencia, cuestión ante la que el Observatorio Permanente se ha dado de bruces a lo largo de los años por la voluntad expresa de algunas empresas y organizaciones de no aportar datos relevantes en tiempo y forma.
Por cierto, en cuanto al ámbito de la estiba, la CNMC vuelve a dejar claro que por mucha firma y refirma y por mucha ratificación de Trabajo, sigue pensando lo mismo que pensaba en su día del V Acuerdo Marco, reiterando su posición en torno a las “dificultades” para salirse de los CPE, un pronunciamiento que no ayuda sino todo lo contrario en pleno diálogo con la CE para que no abra un nuevo expediente.
Qué gran objetivo de legislatura sería para el sistema portuario abordar seriamente las barreras a la competencia en los servicios portuarios.
