A veces me avergüenzo de escribir o editar determinados textos. No por equivocación, que por eso no hay que avergonzarse, sino corregirse; ni por faltar voluntariamente a la verdad, que no es el caso; ni siquiera por falta de comprensión de una palabra, idea o concepto, que entra dentro de lo admisible y perdonable. A veces me avergüenzo de leer textos en los que no he podido o, lo que es peor, no he sabido/querido separar el grano de la paja cuando la paja era mucha y el grano, poco, pero muy evidente.
Un breve publicado la pasada semana en estas páginas anunciaba que “Euskadi aumenta en un 88% las ayudas para sistemas tecnológicos y de seguridad en el transporte terrestre”. ¡Bravo por el Gobierno Vasco! podríamos concluir. Sin embargo, en el cuerpo de la noticia, en letra más pequeña estaba el meollo del asunto, el transfondo, aquello que bien podría haberse resaltado en el titular o en el antetítulo: “El programa de ayudas cuenta con una dotación de 113.000 euros, un 88% mas que en el ejercicio anterior”.
Una simple regla de tres desvela la verdadera noticia: en 2020, el programa de ayudas del Gobierno Vasco para la modernización tecnológica y la mejora de la seguridad de la flota de transporte terrestre de Euskadi, tanto de mercancías como de “personas viajeras” (nuevo término inclusivo del Ejecutivo vasco para evitar el exclusivo de “viajeros”), movilizó, por decir algo, la “friolera” de 60.106 euros, que si se repartieron fifty-fifty entre mercancías y “personas viajeras”, sale a 30.054 euros por cada una de las flotas.
Esta racanería de los presupuestos públicos para fomentar el uso de nuevas tecnologías y sistemas de seguridad en el transporte terrestre, insuficientemente corregida en 2021, contrasta con la percepción que tienen las Administraciones de un sector que saben dependiente de sus propias decisiones y regulaciones. El transporte de mercancías por carretera es un blanco fácil del afán recaudatorio de las Administraciones, que juegan con la ventaja de saber que tienen a la opinión pública a su favor. Y no les falta razón. Los camiones (dejemos “transporte de mercancías por carretera” para los profesionales) no cuentan con el cariño de la ciudadanía. Más bien al contrario, son considerados como males necesarios, objetos a evitar en cualquier carretera, elementos contaminantes, molestos y peligrosos en cualquier adelantamiento.
La iniciativa de Bizkaia de cobrar peajes a los camiones en es un nuevo “trágala” para el transporte de mercancías por carretera, uno de los sectores que mayores esfuerzos hace por descarbonizar su actividad, aplicar nuevas tecnologías y mejorar su seguridad, pero que sólo recibe ayudas raquíticas y magras penalizaciones
Este lunes, el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, ha anunciado el plan de la Diputación Foral de Bizkaia de cobrar peajes a vehículos pesados de más de 3,5 tm en varias carreteras de Bizkaia para “incentivar” su trasvase a vías de alta capacidad. Pradales sabe a lo que se enfrenta y ha prometido “mano tendida” al sector para alcanzar una solución de consenso. Pero a nadie se le escapa que estamos ante un nuevo “trágala” para el transporte de mercancías por carretera, uno de los sectores de actividad que mayores esfuerzos está haciendo por la descarbonización de su actividad, por aplicar las nuevas tecnologías y mejorar su seguridad, pero que sólo encuentra en la Administración respuestas en forma de ayudas raquíticas y magras penalizaciones.
¿Pero a quién le importa ahora los camiones? ¿Quién se acuerda ya de los aplausos de las 20.00 h en los balcones de España y de que el transporte era entonces esencial? Pues lo era ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. Aunque muchos parecen haberlo ya olvidado.