No es que las fechas en las que nos encontramos exijan particularmente tomas de decisiones urgentes, más allá de las estrictamente necesarias para la formación de un nuevo Gobierno y para el normal desarrollo de la vida pública durante el tiempo que dure este limbo creado por el 20-D.Pero poner en orden las fichas y recomponer el puzzle llevará su tiempo. El que marca la Ley. Y unos plazos que, atendiendo al sistema garantista del que nos hemos dotado, no son precisamente lo que podríamos llamar exprés. Y tras lo visto y oído tras la noche electoral la pregunta es "¿Y ahora, qué?".La misma pregunta, pero cambiando radicalmente de tercio, se la hace también el sector de la industria privada española de construcción naval con relación al fallo del Tribunal General de la Unión Europea que anula la decisión de la Comisión Europea contra el antiguo "tax lease", confirmando que no constituía ayuda de Estado y eximiendo a los inversores de devolver los beneficios fiscales obtenidos y condenando en costas a la Comisión.Una noticia que no por ser recibida con gran satisfacción al confirmar que el Tribunal de Luxemburgo respalda los argumentos de los astilleros privados en contra de la decisión, va a evitar que la industria naval española estudie acciones legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado y español.La apertura del expediente de investigación se produjo en un duro contexto de crisis económica, bajo el mandato del entonces Comisario de Competencia y Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, y supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones en España y conllevó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval. En el caso de la industria auxiliar vasca el impacto fue enorme con la desaparición de unas 30 empresas subcontratistas de los astilleros dedicadas a trabajos de soldadura, calderería, tubería, mecanizado, etc., además del efecto sufrido por muchas otras en la reducción de empleo, EREs y actividad industrial.Por ello, la pregunta que se hace ahora el sector naval es "¿Y ahora qué?". ¿Quién o cómo se compensa el daño sufrido por esta industria, la pérdida de contratos, la desaparición de empresas, el quedar sin instrumentos financieros para evitar que dichas empresas puedan competir en el mercado internacional? La Comisión Europea debería tener mecanismos compensatorios que palíen los efectos de una decisión tomada, que según recoge el fallo del Tribunal General de la Unión Europea, con cierta ligereza y sin medir sus efectos reales en el tejido industrial de una comunidad o de un país.La sentencia sobre el "tax lease" llega demasiado tarde, cuando el daño al sector naval, tanto en los astilleros como en las industrias auxiliares, ya está hecho. ¿Y usted qué opina, Sr. Almunia?