En la jornada participaron las diferentes partes afectadas por la reglamentación, tanto la Administración pública, con presencia de la Comisión Europea, como las navieras, afectadas directas en la cuestión, y los cargadores, quienes sufren los efectos del mayor coste del combustible, lo que permitió poner sobre la mesa los puntos de vista de unos y de otros.Es de agradecer que los ponentes se mostraran claros a la hora de explicar sus opiniones sobre la nueva normativa. Algunas de las posturas eran previsibles de antemano, como la de los cargadores, que obviamente no están contentos con una reglamentación que les obliga a pagar más que antes por el mismo servicio, aunque sí reconocieron la necesidad de aplicar normativas de respeto al medioambiente. También era previsible que el representante de la Comisión Europea señalara que la normativa se está aplicando y que se están imponiendo las sanciones pertinentes cuando en las inspecciones se detectan deficiencias. ¡Faltaría más que eso no sucediera!Pero la postura más sorprendente fue la de la representación de las compañías marítimas. No suele ser habitual que un afectado directo por una reglamentación se muestre favorable a la misma. Pero sí lo estaba -salvo en algunos aspectos de su aplicación- la representante de las navieras, que se mostró totalmente concienciada de la necesidad de apostar por un transporte marítimo totalmente sostenible medioambientalmente hablando, aunque eso eleve los costes.La portavoz de la Trident Alliance abogó, además, porque las multas que impone la Comisión Europea sean más elevadas que las actuales, porque sale más barato incumplir la legislación que cumplirla, lo que realmente no tiene mucho sentido.Pero, ¿por qué opinan así los directamente afectados?Generalmente, las compañías que más apuestan por el medioambiente suelen ser aquellas que tienen una mayor fuerza financiera y más recursos para destinar a políticas que no estén directamente centradas en incrementar sus beneficios. Para empresas con muchos ceros en sus cifras de negocio, el impacto que les supone un incremento del precio del combustible que utilizan sus barcos es relativamente importante y asumible. No así en el caso de compañías que pasan por dificultades financieras o que son de menor tamaño, que suelen tener mayores dificultades para repercutir incrementos de costes.La necesidad de realizar cuantiosas inversiones para adaptarse a una normativa que no va a suponer, al menos directamente, un incremento de cargas o de clientes, está al alcance de unos pocos. Pero no de todos. Ergo, normativas como la de las zonas SECA se convierten en un aliado de primera para las grandes compañías en su lucha por incrementar cuota de mercado, en detrimento de sus competidores más débiles.Es imprescindible seguir trabajando en la adopción de políticas cada vez más restrictivas en aquellas actividades de mayor impacto ambiental o que consumen masivamente recursos finitos pero también es necesario aplicarlas de forma que no vayan en detrimento de la competitividad y de la competencia y evitando que se den facilidades para que los peces pequeños desaparezcan del mar.