Como recordarán José Llorca, presidente de Puertos del Estado, se autoproclamó solucionador de problemas cuando allá por 2013 el Puerto de Valencia padecía el conflicto con los transportistas de Transcont CV por sus condiciones de trabajo en asuntos como la carga de los contenedores vacíos. Sus palabras vinieron a calmar los ánimos de los autónomos en plena batalla además por conseguir el reconocimiento como servicio comercial. Al final, la compensación/chantaje de "si dejáis los paros, os definimos como servicio comercial y aceleramos el pliego" funcionó y se pudo volver a circular por el puerto. Pero, en consecuencia, Transcont se armó de razones y exigió a la Administración, ahora podía, que la nueva condición se consolidara en algo más que una ligera mención del presidente de OPPE. Querían sus derechos por escrito. Se iniciaron entonces un ciclo de reuniones entre Fenatport (Federación Nacional de Transportistas Portuarios) y Puertos del Estado; se tuvo en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de la Competencia, se repensaron los artículos, una y otra vez, y al final lo inevitable pasó: el pliego estaba listo para que cada autoridad portuaria lo hiciera suyo y, de hecho, así lo llamaron: "Recomendación dirigida a las autoridades portuarias para elaborar las condiciones particulares reguladoras de la actividad de transporte terrestre de mercancías en los puertos de interés general".Cuando esto sucedió, Transcont CV se alegró, y mucho, pero el resto de patronales del sector transportista portuario de Valencia no lo vieron con buenos ojos porque entendieron que, estas condiciones exigirán más burocracia, lo que limitará la respuesta rápida ante un incremento del trabajo, ya que si el chófer no está dado de alta y tiene su carnet no podrá trabajar en el puerto a primera hora, habrá que ir a presentar los papeles, etc. Así pasó que el jueves, mientras el Consejo aprobaba el pliego, las asociaciones transportistas, consultadas por la autoridad portuaria en reuniones previas, no sabían qué contenían exactamente los pliegos, si se habían tenido en cuentas sus alegaciones al texto o si la puesta en marcha iba a ser rápida. Según la APV, la aprobación era obligada y no exigía el visto bueno de los transportistas pero, sinceramente, tampoco habría estado de más comentarles cómo habían quedado sus alegaciones, ¿no? Está claro que controlar una actividad permite, por un lado, conocer la calidad del servicio que se ofrece pero al mismo tiempo reclama tiempo y dinero de las empresas y administraciones que deben adaptarse al nuevo requerimiento. Por otro lado, toda información que se pueda entregar ya habrá sido entregada antes para poder operar como empresa o autopatrono, cuando no es por ley una obligación para todos los ciudadanos. El problema es que actualmente la Administración no dispone de recursos para controlar de verdad si se cumplen las reglas del juego. Si se tuviera la certeza de que cada camión que circula tiene sus revisiones realizadas y sus seguros, no haría falta crear un censo de vehículos y chóferes profesionales. Si la ilegalidad (ya sea un seguro, ya sea no llevar tochos o la plataforma adecuada) fuera una excepción, los camioneros no tendrían que reclamar que se presenten los papeles. Una pena y despilfarro que la realidad sea la que es.