El caso es que el rifirrafe entre la Autoridad del Canal Panamá y el consorcio de empresas adjudicatario Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), liderado por la española Sacyr, en torno a los sobrecostes en las obras de ampliación del Canal pasaría por una grouchada marx si no fuera porque el asunto reviste, valga la expresión, un calado de tamaña importancia habida cuenta de que no solo está en juego la finalización en un plazo razonable (nadie imagina un abandono definitivo de las obras) de un proyecto vital para el futuro del transporte marítimo sino que tiene como protagonista a una empresa española, con todas las implicaciones y connotaciones que ello conlleva. En este país nuestro, tan cainita, tan dado a la crítica, no siempre debidamente calibrada y a menudo exacerbada, lo mismo nos damos exagerados baños de autoestima cuando una empresa española gana un contrato como la ampliación del Canal de Panamá o el tren de alta velocidad de La Meca, por citar dos ejemplos, y nos jactamos de estar al nivel de las mejores ingenierías del mundo, que a las primeras de cambio lo echamos todo por tierra arrastrados por nuestra congénita afición a la “chapuza nacional” y a disfrazarnos de Pepe Gotera y Otilio, de Manolo y Benito... Ustedes ya me entienden. No tenemos término medio. O somos la hostia o somos unos mierdas. Antes muertos que sencillos. Sociologías al margen, mientras nadie salvo Sacyr, y presumiblemente también la Autoridad del Canal de Panamá, sabe aún los motivos exactos que han llevado a acumular en solo cuatro años más de 1.600 millones de euros de sobrecostes en una obra presupuestada en 3.173 millones (lo que supone el 50% del presupuesta total), lo cierto es que, si no en España, en Panamá sí se venía venir el plante de Sacyr. Así lo señaló al menos el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, en una entrevista radiofónica en la que defendió la plena validez del contrato suscrito entre la Administración del Canal de Panamá y GUPC: un contrato “muy firme, muy blindado, cuyo desarrollo nos llevó años”. Según Quijano, tanto GUPC como los otros tres consorcios aspirantes tuvieron 14 meses para intercambiar puntos de vista y hacer sus aportaciones al pliego de condiciones antes de su conversión en el contrato suscrito con el adjudicatario final, y en el que se redistribuyen “legalmente y de forma equitativa los riesgos que habían sido identificados”.La Administración de Canal de Panamá, que dice no tener manera de justificar los sobrecostes que GUPC le reclama y que asegura estar cumpliendo “religiosamente” con los pagos acordados, se aferra a la letra del contrato como única forma de resolver la disputa. Decía Samuel Beckett que un contrato verbal “no vale ni el papel en que se escribe”. Olvidó añadir que, a la vista de ésta y otras experiencias (en España el término “sobrecoste” nos es algo más que familiar) un contrato escrito tampoco vale ni la tinta con la que se firma, al menos para una de las partes contratantes. Y ya no recuerdo si era la parte contratante de la primera parte o la parte contratante de la segunda parte...