A decir verdad, y aunque todos nos jugamos mucho con el resultado de estos encuentros, hay otra cuestión de "rango superior", con perdón si alguien se ofende, que es la que me quita el sueño.Hartos estamos de hablar de los negativos efectos que genera la incertidumbre en los puertos; nos duele ya la boca de reclamar estabilidad como base sólida para proyectar un crecimiento sostenido y hemos instado a todo el mundo hasta la saciedad para que el diálogo y el entendimiento se impongan ante cualquier conato de conflicto... Y nos metemos de lleno (o nos han metido) en un berenjenal de proporciones mastodónticas.Efectivamente, la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por las normas relativas a la contratación de trabajadores portuarios lo único que ha hecho, por el momento, es colocar a España el cartel de "País con incertidumbre e inestabilidad normativa portuaria. Se desaconseja cualquier tipo de inversión a corto o medio plazo". Quizás exagero, pero me temo que hay mucho de cierto en esta simple conclusión.Tampoco ayuda demasiado que unos y otros traten de escurrir el bulto tratando de no mojarse (salvo unas declaraciones a propósito del tema del presidente de Puertos del Estado) de tal forma que nadie sabe bien qué es lo que va a pasar a partir de ahora.En este Diario hemos tratado de barajar los escenarios posibles y, salvo error de apreciación, todo parece indicar que España no tendrá más remedio que adaptar su sistema de contratación en la estiba si no se quiere enfrentar a un problema mayúsculo.La Comisión Europea detalla en su página web cuáles son las etapas de un procedimiento de infracción y asegura que aproximadamente un 95% de estos casos se adaptan a los requerimientos de la UE antes de llegar al Tribunal.Realmente, no sé si España tiene la intención de integrarse en esa mayoría que acata o en el 5% rebelde, pero sea como sea estaría muy bien que se aportara información cuanto antes, así podríamos dejar de perder el tiempo y los nervios negociando determinados acuerdos que, sí o sí, saltarán por los aires si el Tribunal falla en contra de España.No debemos olvidar que el denunciado no es un señor que pasaba por la calle, una empresa o una institución concreta; la denuncia formal implica a España y debe ser el Gobierno del país el que se ponga manos a la obra para tratar de manejar la situación.Debemos reclamar transparencia y máxima información en todo este proceso. El Gobierno tiene la obligación, como mínimo moral, de contar con todos los agentes del sector portuario para tomar una decisión que sea consensuada y beneficiosa para la economía, que es en definitiva a quien sirven los puertos.