En el fondo, lo que Hobbes desarrolla en su “Leviatán” es su idea del contrato o pacto social, la creación por parte de los hombres de un poder organizado de forma común cuya función es regentar los asuntos públicos, dando lugar a la creación del Estado, la “res pública” o “cosa pública”. En definitiva, la Administración pública, más o menos en los términos que hoy todos conocemos.El “Leviatán” descrito por Hobbes ha evolucionado desde 1652 al punto de que el Estado y la Administración pública han perdido hoy buena parte de su legitimidad originaria y ya sólo se justifican por sus resultados. Frente a la vieja dialéctica entre autoridad y libertad se ha generado una nueva dialéctica que enfrenta a la autoridad con la prestación de servicios. El “Leviatán” de nuestros días es un “monstruo” compuesto por cargos políticos, asistidos por un grupo de altos funcionarios, que ejercen el poder en la Administración pública y que a pesar de estar en muchos casos desacreditados como gestores, están legitimados al haber sido nombrados democráticamente.La mejora de la gestión pública de los servicios, siendo posible, presenta especial dificultad al tener que aplicar un doble modelo: el de la administración y el del mercado. En todo caso, se hace urgente una modernización de la Administración para que sea capaz de responder al nuevo escenario que vivimos, lo que a su vez implica un cambio de cultura administrativa, imposible si no se cuenta con la propia Administración.En mis conversaciones con visitantes y expositores, así como con representantes de diferentes asociaciones, la pasada semana en el SIL de Barcelona constaté la coincidencia de los diferentes agentes del sector en reclamar al Estado, a la Administración pública, a nuestro particular Leviatán, en suma, que cumpla con su papel facilitador de la competitividad empresarial. Lejos de cumplir este papel, muchos de estos profesionales retrataban a la Administración como una estructura “monstruosa”, enferma de burocracia e incapaz de regentar la cosa pública al nivel de eficacia que el sector exige en estos momentos. No faltaban los argumentos y ciertamente, como decían, algo funciona mal en el Estado cuando éste no es capaz ni siquiera de pagar a sus proveedores en los plazos legales, incumpliendo sus propias normas.Por ello, enmarcada en la reforma de las Administraciones Públicas, las medidas anunciadas hace unos días por el Gobierno tendentes a controlar la deuda comercial en el sector público, y que incluirán sanciones a aquellas administraciones que no paguen sus facturas en un máximo de 30 días con el objetivo de reducir la morosidad del sector público, constituyen un necesario punto de partida. “La lucha por la recuperación económica pasa por la lucha contra la morosidad”, ha declarado el Gobierno. Como declaración de intenciones, vale. Ya veremos si las intenciones se cumplen a la fecha de vencimiento de las facturas.