Ya se lo dije: un puerto o aeropuerto no está para amasar beneficios, está para generar competitividad en el mercado al que sirve, una máxima que excede el ámbito de la titularidad y evidencia que, además, la gestión también debe ser pública, por muchas cláusulas, cánones y sistemas de control que se puedan imponer en los contratos privatizadores, cuyo afinamiento es directamente proporcional a la estampida de todo interesado.En todo caso, ¿saben por qué es vital una titularidad pública y una gestión pública, perfectamente compatibles con los indiscutibles criterios empresariales? Porque como ciudadano, como consumidor, como fin único y exclusivo de toda cadena logística tengo de esta forma derecho, mi derecho, a levantar la mano y decir a mi Gobierno, a mis puertos y a mis aeropuertos, que quiero infraestructuras de calidad, que quiero un nivel indiscutible de servicio, que quiero inversiones, que quiero competitividad y, si todo eso está garantizado, ojo, puedo decir también bien alto que quiero que me bajen las tasas, que-me-las-ba-jen, porque no tengo que estar ni un minuto más de lo necesario pagando por encima de lo imprescindible, porque eso también está en la responsabilidad del gestor de una infraestructura estratégica, es decir, aportar competitividad en el servicio y en el precio.Y lo bueno es que mi derecho tiene su espejo en los deberes que exactamente en torno a estas mismas cuestiones asume el Estado. Mi derecho es su deber y en el medio se encuentra la senda de la eficiencia, la de todos.¿Qué haría un privado en un puerto donde los tráficos bajan y los beneficios suben a mansalva? ¿Poco, nada, celebrarlo? Y como cliente, ¿qué tendría derecho a exigirle más allá de que cumpla con el servicio comprometido? Si no me gusta me marcho y, si soy cautivo, me aguanto, ¿no?Pues bien, si el tráfico baja y el beneficio se dispara y está garantizada la inversión y la autosuficiencia, ¿cuál es el deber por parte de un gestor público? Sin afectar al servicio, bajar las tasas y aportar competitividad por esta vía. Su deber, repito, y mi derecho, el de tener un puerto competitivo en todos los ámbitos.Por eso, bien por Fomento al modular a la baja la subida de tasas aeroportuarias, con un nuevo gesto histórico e inédito con los tráficos de carga; y bien por confirmar la próxima bajada de las tasas portuarias, donde por cierto, será clave dirimir si es por la vía de los coeficientes y las bonificaciones o directamente recortando las cuantías básicas.Ahora bien, por no perder la perspectiva. Es obvio lo alejados que estamos los ciudadanos de a pie de la gestión de estas infraestructuras, más aún en materia de mercancías, de tal forma que, al final, los auténticos “interlocutores” en esta dialéctica de derechos y deberes son terminalistas, navieras o aerolíneas.Ellos son los que más demandan y a los que, obvio, más directamente se escucha, pues es también primordial garantizar su viabilidad y competitividad por la vía de no hacer abusivas las tasas. Ahora bien, a partir de ahí, el beneficio debe seguir descendiendo por el canal de la cadena de suministro para llegar al consumidor final, al ciudadano.Todo lo que no sea lograr esta permeabilidad es beneficiar sólo a unos pocos, es hacer los deberes a la mitad.