Pero la política da muchas vueltas. Hacia adelante, hacia atrás e incluso de campana. Isabel Sánchez Robles ocupa hoy un escaño en el Congreso de los Diputados, donde sustituye desde hace tres meses a Josu Erkoreka, también como portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en la Comisión de Fomento.Sánchez Robles fue la encargada de presentar el pasado martes ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley del PNV relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que se solicitaba que la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao sea completamente descentralizada y encomendada al Gobierno Vasco en una única autoridad portuaria. La transcripción del Diario de Sesiones con las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios recoge un interesante y vivo debate alrededor del actual modelo de Estado; sobre el encaje en el mismo de las Comunidades Autónomas y sobre la gestión de sus competencias; sobre el sistema portuario estatal, sus eficiencias e ineficiencias; sobre la mayor o menor flexibilidad del sistema para su adaptación a realidades cambiantes, a diferentes escenarios y necesidades...El caso es que la propuesta fue rechazada por 41 votos a favor (PNV, CIU, BNG y Amaiur), 276 en contra (el resto de Grupos) y 1 abstención (?). Un resultado que el PNV ya preveía de antemano puesto que el Partido Popular presentó una enmienda “que mantiene el ‘status quo’ actual, jacobino y centralizador, que se ha demostrado manifiestamente ineficiente”, según Sánchez Robles, quien antes de lanzar el dardo, realizó, por otra parte, una ordenada y fundamentada argumentación a favor de la transferencia de la gestión de ambos puertos vascos.Ciertamente, el actual marco regulatorio no es criticable en sí mismo, ya que permite teóricamente a las autoridades portuarias competir entre sí mejorando el servicio. Pero uno también se pregunta, al igual que lo hace Sánchez Robles, si el modelo general diseñado por el Estado no está impidiendo en la práctica explotar las sinergias existentes entre ambas instalaciones, racionalizando mejor los flujos y, por tanto, trabajar en términos de una mayor eficiencia. Por otro lado, para el Estado existen razones de legalidad y constitucionalidad; de principios de unidad de mercado y de planificación general de la actividad económica; de coordinación territorial y de interés general; razones todas ellas implícitas en la actual ordenación del sistema portuario estatal, que hacen que un cambio del calado que propone el Grupo Parlamentario Vasco sea, hoy por hoy, más que improbable. Sin embargo, quienes califican este intento de cambio únicamente como “un paso más en la dinámica nacionalista de vaciar al Estado de responsabilidades en orden a garantizar la igualdad de todos los españoles”, harían bien en no dar por hecho la inmutabilidad de las leyes.Dicho lo cual, tengo para mí que todo este debate lanzado desde los escaños, que no refleja sino dos percepciones diferentes (la del Estado y la de los nacionalismos) sobre la definición del ámbito territorial y competencial, interesa bien poco a los profesionales del sector y a las navieras que llevan sus barcos a los puertos, más preocupados por encontrar carga que por debates parlamentarios. Ya dicen que la mercancía no vota...