Surgió con vívida intensidad en mi memoria la archiconocida anécdota, allá por 2006, de Magdalena Álvarez y Pere Padrosa, en aquella reunión del Comité Nacional en la que la ex-ministra, fiel a su inmaculada adustez, llamó “desleal” al entonces presidente de ASTIC por haber intentado mejorar en el Parlamento el Proyecto de Ley de mejoras tributarias pactado con el CNTC en los Acuerdos de 18 de Octubre de 2005.Hay, lógicamente, mucha distancia temporal, formal, procedimental y actitudinal entre ambos episodios, pero en ambos casos subyace la pretensión ministerial de dar carpetazo a los asuntos en la mesa del Ministerio.Impera el eufemismo del “acuerdo satisfactorio para ambas partes” o del “todos hemos cedido en aras del bien común”, un posibilismo práctico y, a menudo, necesario que cobra sentido cuando se sustancia en el momento en el que se pone punto y final a las cosas. Claro que, cuando hablamos de leyes, el Ejecutivo no es más que una escala en una singladura que aún debe llevarnos a los puertos del Legislativo. Por eso, reclamar lealtades o manifestar contrariedades en este tipo de circunstancias no supone realmente reclamar honor y respeto a la palabra dada, sino es, en cierta forma, querer escamotear la legitimidad de los procesos.Yo comprendo las estrategias ministeriales: hay que intentar llevar al Parlamento las leyes lo más consensuadas y lo más atadas posibles para evitar que te pinten la cara. Fenómenos como los vividos con la Ley de Puertos 33/2010 serán recordados, antes que por el consenso, por las más de 400 enmiendas que hubo que introducir para que aquello fuera aprobable, dirigiéndose todas las miradas hacia quienes permitieron llevar ese texto en semejantes circunstancias a la Cámara.Bien, nadie quiere esto, pero nadie puede privarnos, si procede, de ello. Las organizaciones, con o sin acuerdos previos, tienen todo el derecho a acudir a la sede de la Soberanía Nacional y defender sus intereses, pues para eso está.Esto no pone en duda lo ya consensuado, simplemente denota que una ley, mientras no se abra otro proceso, está “viva” hasta que la sanciona el Rey y, mientras tanto, quienes en ella estén interesados deben moralmente seguir laborando. ¿Esto puede suponer una deslealtad con el ejecutivo o generar inquietudes y/o contrariedades en el mismo? Peor sería la deslealtad o las contrariedades de una organización con sus asociados y sus intereses, ¿no?Pensemos por un instante que el CNTC se hubiera quedado de brazos cruzados tras ir la actual reforma de la LOTT al Parlamento. Consensuado el baremo sancionador, escuchados en el tema de las cooperativas... “Nada, seamos respetuosos con el Gobierno, no hacemos nada”, dirían.Claro que, en ese caso, la ministra no hubiera levantado el teléfono, no hubiera llamado al CNTC y no se hubiera comportado de manera “inteligente, receptiva y resolutiva” (que dijo Marcos Montero) y se hubiera apresurado a resolver, ahora será en el Parlamento (para eso está), temas tan importantes como el de las autorizaciones para menos de 3,5 toneladas. Se entiende, ¿no?Por cierto, enésima constatación de la eficacia de la ministra y, sobre todo, de su marcado personalismo en la gestión.