El remiendo ventajista al modelo de gobernanza portuario español propuesto por los partidos nacionalistas no es solo una clara demostración del intento de sacar partido a la debilidad del Gobierno. Es también la sublimación del darwinismo normativo, puesto que tantas veces la descatalogación de los puertos de interés general ha venido chocando contra el muro legislativo y constitucional que, al final, hay que adaptarse al medio... sin que por ello varíen los fines.
Es este el eje de las “autoridades portuarias de autonomía especial”, que proponen Junts, ERC y PNV en la actual reforma en curso de la Ley de Puertos, de manera pactada, coordinada y también extemporánea, pues en una iniciativa normativa eminentemente técnica no se puede pretender colar una transformación de semejante calado y, además, con tantas lagunas, por cierto.
La argumentación con la que se nos ha venido concienciando a lo largo de los últimos tiempos y preparando el terreno para un planteamiento de este tipo ha sido la necesidad de dotar de mayor agilidad a la gestión portuaria, de eliminar burocracia y procesos en la toma de decisiones, en definitiva, lograr autoridades portuarias más eficientes y más adaptadas a la velocidad de los mercados globales. ¿Alguien puede resistirse a este argumento si además se logra articular un modelo de gorbenanza que logre integrar esta necesidad? Muy pocos, por no decir nadie... salvo que, al final, cuando toca poner las cosas negro sobre blanco, el lobo comience a enseñar la patita. La única razón que podría justificar el tener autoridades portuarias con un “estatuto específico de autonomía”, como se consagra textualmente en la propuesta nacionalista, sería la necesaria “agilidad”, pero de eso hay muy poco en estas “autoridades portuarias de autonomía especial”, pues el verdadero fin, el nombre no lo esconde, es la “autonomía”.
Y esta es la falacia del modelo que propone ERC, Junts y PNV, pues cuando se baja a la redacción de la propuesta, lo que existe es una descatalogación encubierta de los grandes puertos de interés general para dotarlos de muy diversos niveles y ámbitos de autonomía plena sin por ello modular el equilibrio competencial del modelo vigente.
“Lo que se busca es una descatalogación encubierta de los grandes puertos de interés general”
La propuesta directa de Bildu de suprimir Bilbao y Pasaia del Anexo I del Texto Refundido se antoja burda y simplona al lado de la pompa refinada con la que se han dibujado estas “autoridades portuarias de autonomía especial”, que no solo borran de un plumazo el sometimiento a cualquier informe de carácter vinculante de Puertos del Estado, sino que se desligan totalmente del control del Ministerio de Hacienda en materia de contratación y de recursos humanos; se les dota de la potestad de contratar sus propios servicios para auditar sus cuentas; se les otorga la capacidad de fijar sus propias bonificaciones y sus propios coeficientes correctores sin necesitar la aprobación de ningún otro órgano; se les libera de cualquier control y aprobación de sus inversiones por parte del Consejo de Ministros; y se transforma el Consejo de Administración en un órgano de decisión totalmente soberano, cuyos acuerdos no son recurribles por ninguna administración, sin por supuesto alterar el actual peso de las comunidades autónomas en las composición de dichos Consejos y en el nombramiento de su máximo responsable.
Mejor habría que decir, por tanto, “autoridades portuarias autonómicas de autonomía especial”, catalogándose como tales únicamente aquellas incluidas en la red básica transeuropea, con tres ejercicios seguidos por encima de lo 25 millones de toneladas y por encima de los 60 millones de ingresos, es decir, Algeciras, Valencia, Barcelona, Tarragona, Bilbao y Las Palmas , en suma, las autoridades portuarias más importantes de nuestro país, las más estratégicas, las de mayor interés general... y justo en las que los partidos nacionalistas pretenden que el Estado pierda la mayor parte del control y del margen de actuación sobre ellas.
Porque este es al fin y al cabo el fin último: que Cataluña y el País Vasco tengan el control de sus puertos, directa o indirectamente, de iure o de facto. Lo de la agilidad es un mera cortina de humo.
Baste señalar que nada se indica para mitigar la cuestión medioambiental, una de las mayores trabas burocráticas, sin obviar que no se contempla reversión alguna una vez obtenido por la autoridad portuaria su nuevo estatus, aunque variasen los niveles de tráfico o ingresos. Es decir, santa Rita, Rita, Rita...
En otro momento y en otras circunstancias, le daría cero probabilidades a este propuesta de salir adelante, pero ahora mismo, estando las cosas como están, lo máximo a lo que podemos aspirar es al bloqueo definitivo y a la inmolación de toda la reforma. Así son las cosas en el endemoniado juego de la actual legislatura.
