El transporte de mercancías por carretera es el eslabón más débil de la cadena logística. Así lo afirmamos y nos lo creemos, pero ¿y si comenzamos a reescribir el discurso a uno más certero como sería el reconocer que la carretera no es el eslabón más débil sino el más maltratado? Porque hablar de debilidad deviene de asumir que el sector adolece de algo, de fortaleza en este caso, pero la realidad nos habla de otra cosa. Las empresas de transporte por carretera y los autónomos que se dedican a la actividad son fuertes, fortísimos, solo que batallan en una partida viciada, en un mercado adulterado de exigencias imposibles y normas cambiantes.
Tenemos en agenda el debate, en el Pleno del Congreso, del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una norma llamada a reforzar los compromisos del país en el ámbito de la transición energética y la reducción de emisiones, marcando nuevas obligaciones para operadores logísticos, empresas de transporte y gestores de infraestructuras.
El texto que se eleva al Pleno ha sufrido los ajustes de la negociación previa, pero aun así no es seguro que salga adelante. No obstante, el sector está expectante ya que la Ley detalla ambiciosos objetivos sostenibles y no confirma per se que vaya a haber inversiones en infraestructuras necesarias ni garantiza la rebaja de la carga regulatoria que ya está obstaculizando el día a día del transporte de mercancías.
Un ejemplo de este caos regulatorio con el que la carretera está acostumbrada a trabajar son las normativas que afectan a los transportes de mercancías especiales sobredimensionadas. Las dudas técnicas legales acuden a los profesionales con cada solicitud de porte porque cada territorio es un mundo y la información no se transmite como debería. Autorizaciones específicas que dejan de ser necesarias y exenciones desconocidas restan beneficios a las empresas que pese a querer estar al día, se ven sobrepasadas. Ejemplo, el 23 de julio se publicó la Orden Ministerial que confirmaba la entrada en vigor de unas modificaciones del Reglamento General de Vehículos y el problema no es que los transportistas desconozcan los cambios, es que los cuerpos de inspección en carretera no los tienen claro y están sancionando a las empresas. Pues nada, genial.