La ZAL de Valencia por fin ve la luz
- 15 marzo 2024 05:20
- Última actualización
14 marzo 2024 17:58
Ayer el Tribunal Supremo hizo pública su resolución por la que declara conforme a derecho el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.
Sinceramente, creo que no es momento de hacer historia detallada de todo el calvario vivido hasta llegar a su aprobación. Con cuatro pinceladas nos basta. Es un proyecto del año 1994 (si mal no recuerdo) firmado por Joan Lerma, Rita Barbará y por Fernando Huet.
Era la segunda ZAL que se aprobaba en un puerto de España, siguiendo los pasos del de Barcelona, proyecto (el de Barcelona) que, además de no haber tenido ninguna oposición, lleva ya dos ampliaciones y congrega la mayor parte del entramado empresarial vinculado logísticamente al puerto de Barcelona (150 empresas, 9.000 empleos directos, 12 millones de euros de beneficios).
Tal vez en sus inicios se cometieron errores que el Puerto intento subsanarlos, pero era evidente que había mucho más que perjudicados en la confrontación del proyecto. El objetivo primordial no era otro, como todavía sigue siendo hoy, que paralizar cualquier iniciativa del puerto de Valencia, al que se considera el responsable de todos los males pasados, presentes y futuros de esta Comunitat.
El proyecto sufrió multitud de recursos y las sentencias en contra nunca se sustentaron en los argumentos esgrimidos por los demandantes, sino en temas colaterales, como, por ejemplo, el que uno de los documentos favorables entró por registro de entrada unas horas más tarde que el plazo legal aprobado para esa finalidad. O el segundo, que el proyecto había utilizado la tramitación ambiental simplificada (recomendada por la consellería), en lugar de la ordinaria.
Por lo tanto, y esto es muy importante, nunca se sustentaron las sentencias en daños medioambientales, o impactos negativos en el entorno.
¿Quién responde ahora de todos esos perjuicios económicos y sociales? ¿Es únicamente responsabilidad política lo que se desprende de estas actuaciones? ¡Qué pena!
Y llegados a este punto, además de la alegría experimentada al tener conocimiento de la sentencia, lo primero que me ha venido a la cabeza es el tiempo perdido, los años en los que podían estar operativas las inversiones en la ZAL, o en la generación de empleo frustrada en una zona de Valencia especialmente necesitada de estas iniciativas, o en las personas que apoyaban esta iniciativa y que, por causas estrictamente políticas, cambiaron su opinión y pasaron a enfrentarse abiertamente al proyecto.
¿Quién responde ahora de todos esos perjuicios económicos y sociales? ¿Es únicamente responsabilidad política lo que se desprende de estas actuaciones? ¡Qué pena!
Llama la atención que quienes se han cansado de repetir que el Consejo de Administración podría incurrir en responsabilidades económicas al aprobar estos proyectos, sin embargo, ante una sentencia como esta únicamente asumen el coste político.
Y lo más grave es que han asumido como bandera esta oposición frontal al puerto y van a continuar poniendo todo tipo de trabas a cualquier iniciativa que quiera impulsar la Comunidad Portuaria. En fin. Lo que no tiene solución no es problema.
Enhorabuena a la Comunidad Portuaria, enhorabuena al puerto, enhorabuena a VPI, a Fátima, Pilar y a todos los que han estado trabajando sin desaliento a lo largo de todos estos años para sacar adelante esta iniciativa.
¡¡¡ENHORABUENA!!!