Recuerda Antolín Goya en la entrevista que publica hoy Diario del Puerto el momento en el que las autoridades portuarias abandonaron el capital de las sociedades de estiba, un proceso que conviene contextualizar con detalle de cara a las nuevas batallas en las que el sector portuario está expectante por el papel que los estibadores pueden jugar como ariete.
Hablamos del año 2008, pero debemos remontarnos a 2003 y a la Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General para no olvidar que es en esa norma donde estaba ya regulada y aprobada la salida de las autoridades portuarias de las sociedades de estiba, con gran recelo por cierto por parte de Coordinadora para evitar cualquier riesgo de que se reconsiderara la estiba como servicio público y, lo más importante, se pusieran en cuestión algunos o muchos de los privilegios de entonces.
La clave del devenir de aquel proceso está en que a los pocos meses José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa y con él Magdalena Álvarez, Fernando Palao y Mariano Navas, que decidieron iniciar la reforma íntegra de la Ley 48/2003 y, con ello, suspender la creación de las APIEs a la espera de una nueva norma que devolviera el capital público a las sociedades de estiba.
Se quedaron por tanto durante 5 años dichas sociedades en tierra de nadie, con el incumplimiento de la ley por parte de un Puertos del Estado que a la par no fue capaz de obtener ni los apoyos ni el consenso necesario para sacar adelante la reforma normativa.
Es en aquellos años cuando se cuela por medio el primer IV Acuerdo Marco, cuando patronal y sindicatos tienen que negociar el convenio con Puertos del Estado, sentado a una mesa donde por ley no le correspondería estar, un OPPE que se convierte en obstáculo para algunas de las cuestiones trascendentales de aquel fracasado acuerdo laboral del que finalmente se ausenta para más tarde denunciarlo.
Es en ese contexto de lucha por la legitimidad que a comienzos de 2008 Coordinadora da un puñetazo en la mesa y pone contra las cuerdas al sistema portuario y, bajo amenaza de huelga, exige y consigue forzar a las autoridades portuarias a que cumplan la ley, se salgan de las sociedades de estiba y se constituyan las APIEs.