Acabaremos pronto con el debate en torno a esta mandanga del nombre del nuevo ministerio que nos gestiona, pero como quiera que el ministro reconfirmado ha sido prolijo en la justificación como punto de partida, es conveniente, además de recordarle la sabia locución latina del “excusatio non petita…”, que entre todos desbrocemos de barroquismo y acomplejamiento tanta rimbombancia nominal para intentar ir a la esencia de lo que en teoría realmente se persigue.
Para ello y a beneficio de inventario de algunos de mis más queridos lectores, servidor va a recurrir hoy una vez más al espíritu sintético del BOE, donde en su edición del lunes y en lo que compete a la reestructuración de los distintos departamentos ministeriales llama la atención cómo en la mayoría de ministerios la explicación de la falla se centra en los asuntos y temáticas que se van a gestionar, no en cómo va a ser esa gestión ni en qué se persigue alcanzar con la misma, mientras que en el caso del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, (que, por cierto, con 33 caracteres ni tan siquiera está en el top de los nombres más largos de este mastodóntico Gobierno, siendo tan sólo el séptimo y a gran distancia de esos 52 caracteres que sitúan en lo más alto del ranking al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) no sólo hay una mención a la gestión de las competencias en materia de infraestructuras y transporte, sino que se añade que es “a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible”, toda una valoración tan práctica como ideológica, tan clara como peligrosa, pues no es más que un brindis al sol de calculado pancartismo y avezado populismo sobre el que es bueno que debatamos.
¿Qué es una movilidad justa o, mejor dicho, qué implica la justicia en la movilidad?
Por ser estrictos podríamos decir que es dar a cada uno en materia de infraestructuras y transporte “lo que le corresponde y pertenece” y, por ir aún más allá, es dar a cada uno “ni más ni menos de lo que debe tener”.
¿Y qué le corresponde en justicia a cada ciudadano, a cada colectivo, a cada ciudad y/o a cada región de este país? ¿Qué es en España ni más ni menos que lo que cada uno debe tener? ¿Está en función del principio supremo de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley? ¿Está en función de lo que contribuye económicamente cada uno de esos ciudadanos a las arcas del Estado? ¿Está en función de dónde viva cada ciudadano y luego además junto con quién viva? ¿Está en función de la capacidad de generación de rentabilidad de cada infraestructura o servicio de transporte que se otorgue?
Sin ánimo de resolver tan peliagudas cuestiones y sin pretender mezclar justicia con igualdad, a partir de ellas sigo preguntando con el AVE como ejemplo. ¿Es justo que todos los ciudadanos de este país estén conectados por AVE? ¿Con qué núcleos y con cuántos otros núcleos es justo, a su vez, que sea establecida esta conexión de AVE? ¿Es de justicia que el AVE para todos los ciudadanos tenga que tener la misma velocidad? ¿Y en justicia quién debe gestionar esas infraestructuras y esos servicios de transporte?
Hagan el paralelismo con las mercancías, con cualquier modo y con cualquier infraestructura y llegarán a la pregunta definitiva, ya que con estos parámetros en la movilidad ¿acaso es realmente posible la justicia? ¿No? Entienden ahora por qué nos quieren subir los impuestos, ¿verdad?
