Alguien me preguntó ayer, no sé si con ironía o con ignorancia, cómo es que al Gobierno le ha dado ahora por querer controlar los puertos, pero la respuesta es sencilla: el Gobierno siempre controla los puertos, solo que ahora quiere que se sepa.
Los primeros signos de esta nueva etapa son evidentes y van desde, por ejemplo, la inusual comunicación de las decisiones del Consejo Rector de OPPE para que quede bien a las claras la cofinanciación del Estado en tal o cual proyecto por nimio que sea, hasta la tampoco habitual “participación” del secretario de Estado en un Consejo de Administración, como ayer en A Coruña.
Dicho esto, vaya por delante que quien les habla es un firme defensor de la labor de control y de supervisión que Puertos del Estado ejerce en el sistema portuario y de la plena normalización de la presencia del Estado en el día a día de la gestión portuaria, algo que nunca ha sido sencillo, haya estado quien haya estado en el Gobierno. En este contexto y en la situación actual podríamos debatir largamente sobre si, como opinan algunos reconocidos expertos, en los últimos años se ha dado un paso atrás en esta presencia y si se ha sido más o menos laxo en la labor de control y, por ejemplo, no se ha sido suficientemente exigente en ámbitos como, sin ir más lejos, los consejos de administración, donde la preparación de una posición fundamentada en todas las cuestiones por parte de los representantes del Estado tal vez no se estaría ejerciendo con la firmeza de antaño.
“Pueden encaminarnos hacia un conflicto gratuito e imprevisible”
Ahora bien, desgraciadamente esta nueva etapa no va de exigir más a los puertos ni de ser más eficientes en ese control y supervisión. Esta nueva etapa va de dejarle bien claro a la opinión pública quién manda, de subrayar ante la ciudadanía quién tiene la sartén por el mango, quien tiene la última palabra o es responsable de dar el último empujón decisorio o financiero. Y no es por una cuestión de orgullo/ego: la finalidad verdadera es el “rédito político”. El Gobierno sólo piensa en clave electoral y sabe que los puertos pueden ser un inmenso caladero de votos y no está dispuesto a que “las autoridades portuarias del Partido Popular”, como las llaman, patrimonialicen en las urnas los aciertos en curso, sencillamente porque consideran que los puertos son “suyos” y no de “ellos” y por tanto los votos y la rentabilidad política debe ser para los “suyos” y no para “ellos”, de ahí que quieran visibilizar con claridad el papel del Estado y ganar, como reza en el manual de supervivencia, la batalla del relato.
Porque nadie está discutiendo si es pertinente tal o cual muelle, tal o cual inversión: nadie está cuestionando la gestión de las autoridades portuarias. Lo que se cuestiona es que ellas sí estén despiertas para vender los aciertos y el Gobierno ande dormido o, cuando lo intenta, se le pongan zancadillas. De ahí esas denuncias de cómo algunos presidentes populares se labran la candidatura consistorial haciendo abdominales a pie de muelle, como si eso no lo hubieran hecho otros alcaldes socialistas con anterioridad, algo, por cierto, duramemente denunciado desde esta columna.
Con estos fundamentos, se antoja arriesgado personarse en los puertos como elefantes en cacharrería. Llevamos décadas en un sano pero muy difícil equilibrio institucional en el que las autoridades portuarias acatan y asumen la supervisión de Puertos del Estado y al tiempo agradecen la prudencia y la discreción en el ejercicio de esta labor, ante todo para no soliviantar las ínfulas de los talibanes de la autonomía de gestión, permanentemente al acecho, y así evitar que todo se derrumbe como un castillo de naipes. Por eso, si el Gobierno quiere hacerse más presente en los puertos para mejorar su gestión, adelante. Si lo que busca es restregar su función en busca de votos, puede encaminarnos hacia un conflicto gratuito e imprevisible. Máxime si empezamos a escuchar propuestas como devolver al Estado la potestad de nombrar a los presidentes de puertos. Ojo con abrir este melón, no sea que empecemos reclamando centralización y los chantajes de los socios políticos terminen por abocarnos al desmontaje del sistema.
