“Nada permanece inmutable, solo el cambio”, dijo Heráclito de Éfeso. Tampoco el actual sistema portuario español es un ente inmutable. Como cualquier modelo de gobernanza pública, está sometido a evolución, revisión y ajuste. De hecho, el Marco Estratégico del sistema portuario estatal parte de esa premisa: la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, a las exigencias de la logística global y a la relación cambiante entre Estado, territorios y mercados.
En este contexto se enmarca la petición del Gobierno Vasco de asumir las competencias sobre los puertos de interés general de Euskadi: Bilbao, para el que pide su cogestión junto al Estado, manteniendo su titularidad estatal, y Pasaia, para el que reclama su desclasificación como puerto de interés general. La demanda no es improvisada, ya que se remonta al Estatuto de Autonomía de 1979, que prevé la posibilidad de transferir la gestión de los puertos de interés general siempre que se den las condiciones adecuadas. Medio siglo después, el debate vuelve a la mesa de las relaciones entre ambas administraciones.
Se trata de un planteamiento ambicioso, con un componente político, como el cumplimiento de un mandato estatutario, y otro técnico y operativo que conviene analizar con cautela. La reclamación es legítima, está amparada por el marco legal y responde a un deseo histórico de completar un proceso competencial inconcluso. Sin embargo, esa legitimidad formal no debería agotar el debate, sino ser su punto de partida. Porque más allá del “derecho a gestionar”, está la cuestión de para qué y cómo se quiere gestionar. Y, sobre todo, qué beneficios aportaría este cambio.
La ciudadanía, las empresas y los agentes del sistema portuario merecen una explicación clara: ¿qué ventajas traería la desclasificación de Pasaia? ¿Qué mejoras introduciría una cogestión de Bilbao entre Estado y Gobierno Vasco? ¿Se traduciría en más eficiencia, más inversión, más competitividad? ¿O simplemente en una redistribución política de la gestión? ¿Hay un plan de acción?