Introdujo el ministro Puente hace unas semanas la enésima variable para no terminar de dejar que vea la luz el acuerdo de Renfe y MSC de creación del nuevo socio logístico estratégico para las mercancías ferroviarias.
El asunto no es nuevo y nos devuelve al debate clásico sobre la razón de ser de un operador público como Renfe en el contexto de un mercado liberalizado como el del transporte ferroviario de mercancías.
Lo aprobado por el Consejo de Administración de Renfe es que Renfe Mercancías y Medlog compartan la nueva sociedad al 50%.
Ahora bien, de camino al Consejo de Ministros para su ratificación, el ministro de Transportes ha planteado la posibilidad de que el Estado detente la mayoría en esta sociedad y que, a inspiración de Aena, Renfe tenga el 51% y el brazo logístico de MSC baje al 49%.
La pregunta es obvia: ¿para qué quiere el ministro que Renfe tenga el 51%? ¿Cuál es el fin último? Si es por una pura motivación ideológica, si es por una simple profilaxis capitalista, si es por estética para apaciguar las aguas sindicales o si es pura paja sin contribución constatable al pleno interés general, esto no es más que una pérdida de tiempo.
Y es que si el Gobierno quiere que la sociedad a la que Renfe Mercancías quiere traspasar toda su estrategia ferroviaria y logística tenga un claro carácter público, conservando la sartén por el mango en las decisiones, debe ser únicamente para ir más allá del compromiso con la sociedad que puede y debe ejercer un operador privado, misión nada baladí en la que el campo es inmenso si tenemos en cuenta la precariedad del ferrocarril y la necesidad de inversión económica y estratégica para consolidar proyectos, trayectos, corredores, servicios e infraestructuras que garanticen un futuro intermodal, permanentemente en tela de juicio. No carece de sentido tener un operador público que vaya más allá dada la necesidad de compromiso que requiere con desesperación el ferrocarril... otra cosa es que eso sea posible y materializable.