Una década con la espada de Damocles
En el mes de junio de 2011, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciaba su expediente sancionador contra las principales asociaciones del sector portuario y logístico valenciano, acusándolas de llegar a acuerdos para restringir la libre competencia. Tras diez años de esperas, resoluciones, recursos y sentencias judiciales, la comunidad portuaria sigue sumida en la incertidumbre.
- 11 junio 2021 01:00
- Última actualización
10 junio 2021 16:45
El próximo lunes se cumplen diez años desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciara su expediente de investigación sobre la comunidad portuaria y logística valenciana. Desde ese momento, los profesionales del sector han vivido sumidos en una especie de calma tensa, acuciados al pago de unas sanciones que, aunque fueron rebajadas en 2018, siguen siendo inasumibles para las asociaciones involucradas.
EL DATO
SancionesEn julio de 2018, la CNMC recalculó las sanciones, que quedaron fijadas en un total de 36.984.552 euros, distribuidas de la siguiente manera: ATEIA-OLTRA Valencia (13.144.444 euros), ELTC (11.803.990 euros), Transconval (6.442.039 euros), Asociación Naviera Valenciana (3.307.783 euros) y Transcont (2.286.296 euros).
Hace tres años que la vía administrativa finalizó con el último cálculo de las sanciones que realizó la CNMC. En ese momento, las asociaciones recurrieron ante la Audiencia Nacional, que por el momento no se ha pronunciando al respecto, aunque la fuentes jurídicas consultadas por Diario del Puerto reconocen que “podría estar a punto de conocerse”. Sin embargo, el pronunciamiento de la AN no es el fin del camino, puesto que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría alargar entre un año y año y medio el proceso.
La duda es saber si la Administración pedirá el pago a las propias asociaciones o si, en el caso de que éstas no puedan hacer frente a las sanciones, la responsabilidad se derivará a los socios.
Cronología- El 14 de junio de 2011 la CNMC incoó expediente sancionador contra las principales asociaciones de la comunidad portuaria de Valencia, que se amplió en 2012 a las tres terminales de contenedores del puerto y la FVET.
-La resolución de octubre de 2013 de Competencia desestimó los recursos e impuso multas por importe de más de 43 millones de euros.
- En enero de 2016 la AN estimó los recursos presentados por FVET, NOATUM, TCV, MSC y APV, que en febrero de ese año anunció la anulación de la resolución de la CNMC.
- En marzo de 2016, Competencia presentó recurso de casación ante el Supremo. Como respuesta, en noviembre de 2016 el Tribunal Supremo ordenó a la CNMC recalcular el importe de las multas.
- Entre los meses de abril y julio de 2018, Competencia publicó su nueva resolución sobre las multas a Transcont, Transconval, la Asociación Naviera Valenciana, ATEIA-OLTRA Valencia y ELTC, que en esta ocasión rozaron los 37 millones de euros.
Derivación de responsabilidadUno de los aspectos que más preocupa a los profesionales logísticos valencianos es saber si la Administración derivará la responsabilidad del pago de las sanciones a los socios en el caso de que las organizaciones profesionales no pudieran hacer frente a las mismas. La fuentes consultadas reconocen que en este campo concreto “no hay antecedentes judiciales ni jurídicos que nos indiquen cuál es el camino a seguir”. Si bien la normativa actual sí que recoge la posibilidad de reclamar a los socios esa responsabilidad, lo cierto es que en la práctica no se ha llevado a cabo nunca. La normativa recoge un pago máximo del 10% de la sanción “salvo que se pueda acreditar que no se ha incurrido en ninguno de los supuestos que están siendo juzgados”, algo que, según las fuentes consultadas, sería muy complicado de demostrar. Además, hay que puntualizar que el expediente se abre contra las asociaciones, no contra las empresas, que este proceso no han sido acusadas de nada ni han tenido posibilidad de defenderse. Si finalmente la Administración decidiera actuar contra ellas, se prevé una apertura de frentes judiciales individuales para que las mercantiles pudieran defender sus derechos.
El último movimiento de la Agencia Tributaria pone en riesgo la continuidad de ATEIA-OLTRA Valencia. La Agencia Tributaria mueve fichaLa Agencia Tributaria ha comenzado a remitir a las empresas que en el momento de la sanción eran socias de ATEIA-OLTRA Valencia una serie de escritos en los que reclama que los pagos trimestrales de las cuotas que se realizan a la asociación se hagan efectivos a la Agencia Tributaria.
Así lo ha podido confirmar Diario del Puerto de fuentes del sector de toda solvencia, que además adelantan que en breve presentarán un Recurso de Revisión con el objetivo de que se paralicen esos pagos hasta que no haya un pronunciamiento firme de la Audiencia Nacional sobre los recursos presentados en 2018.
Las fuentes consultadas argumentan que el cobro de esas cuotas por parte de la Agencia Tributaria deja sin recursos financieros a ATEIA-OLTRA Valencia, algo que pone en serio riesgo su continuidad. De ahí la presentación de ese Recurso de Revisión.Una vez que la CNMC recalculó las sanciones, finalizó la vía administrativa, por lo que el organismo regulador de la Competencia podía perfectamente pedir la ejecución de la sanción de manera independiente de los recursos presentados. En ese momento, ATEIA-OLTRA Valencia presentó una solicitud de aplazamiento o suspensión del inicio de ese cobro, argumentando el peligro de desaparición de la asociación, algo que posteriormente la justicia denegó. El reciente movimiento de la Agencia Tributaria responde al interés de ésta de cobrar la garantía impuesta hasta la finalización del proceso de recursos.
Por el momento, y tal y como ha podido confirmar Diario del Puerto, ninguna de las otras asociaciones que también fueron sancionadas en su momento ha recibido escrito alguno similar al de ATEIA-OLTRA Valencia por parte de la Agencia Tributaria.
Y después de la Audiencia Nacional, ¿qué?En estos momentos, la Audiencia Nacional todavía no se ha pronunciado sobre los recursos presentados por las asociaciones de la comunidad logística valenciana. Una vez se produzca ese pronunciamiento, pueden darse dos situaciones.
Por un lado, que la respuesta sea positiva, es decir, que estime los recursos y elimine el pago de las sanciones.
Por otro, la Audiencia Nacional puede argumentar que las razones y los cálculos de las sanciones son correctas, lo que abre dos nuevos caminos.
El primero, que no haya posibilidad de recurso y la segunda, que sí la haya, por lo que habría que acudir al Tribunal Supremo. Una vez el recurso llegara al Supremo, éste debería pronunciarse sobre la decisión de la Audiencia Nacional, abriéndose una triple posibilidad.
En primer lugar, que el alto tribunal desestime el nuevo recurso y afirme que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como la Audiencia Nacional aciertan. Llegados a este punto, las fuentes consultadas reconocen que se acabaría el proceso, ya que “acudir a instancias europeas es imposible por cuanto la legislación en materia de Competencia en la UE es mucha más estricta que la nacional”.
Otra opción es la que se daría si el Supremo afirmara que la sentencia de la Audiencia Nacional no se ajusta a derecho, abriéndose nuevos escenarios. “Esto daría pie a que se pudiera pedir la revocación de la sanción o que el Supremo volviera a remitir a la Comisión las cifras para realizar un nuevo cálculo”, afirman las fuentes consultadas por Diario del Puerto.
La tercera de las situaciones es la de que se revocara de forma definitiva la sanción.