MADRID. El encuentro contó con la intervención de Jesús Mª Lacasia Purroy, secretario general de APPUNLE, y con la presentación del estudio elaborado por Deloitte a cargo de Alberto González-Salas Mosquera, partner de Energy & Industry Regulation en Deloitte Strategy, Risk & Transactions.
APPUNLE analiza el nuevo marco eléctrico y su impacto en el desarrollo logístico
Jesús Mª Lacasia Purroy, secretario general de APPUNLE. Foto M.C.
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La Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España (APPUNLE) celebró ayer en Madrid una jornada centrada en el impacto del Real Decreto-ley 7/2026 y los nuevos desarrollos normativos energéticos sobre el sector logístico e industrial.
Durante su intervención, González-Salas desgranó las claves de un nuevo marco regulatorio que busca corregir uno de los principales cuellos de botella del sistema eléctrico: la congestión de la capacidad de acceso a red provocada por la acumulación de permisos sin ejecución real. Según se expuso, en determinados ámbitos cerca del 90% de la capacidad concedida no se está utilizando, lo que ha dificultado el desarrollo de proyectos industriales y logísticos.
Cambio de paradigma en el acceso a red
El Real Decreto-ley 7/2026 introduce un giro relevante en el modelo de gestión de la red eléctrica. Se abandona el esquema de retención de permisos para avanzar hacia un sistema basado en el uso efectivo de la capacidad disponible. Para ello, se refuerza la vinculación entre permisos y proyectos reales, se establecen hitos temporales obligatorios y se activa la caducidad de autorizaciones sin avances acreditados.
Además, se incorpora una señal económica —la prestación por reserva de capacidad— que penaliza el acaparamiento de red sin ejecución, incentivando la liberación de capacidad bloqueada.
Prioridad a proyectos estratégicos
Uno de los aspectos más relevantes para el sector logístico es la introducción de criterios de priorización de la demanda. La normativa contempla un tratamiento preferente para proyectos considerados estratégicos, entre ellos nuevos desarrollos industriales y logísticos, así como consumos vinculados a servicios esenciales.
En este contexto, las plataformas logísticas pasan a desempeñar un papel más activo dentro del sistema eléctrico, con mayores exigencias técnicas pero también con ventajas en el acceso a capacidad cuando se trata de proyectos maduros y viables.
El estudio presentado por Deloitte también abordó el Proyecto de Real Decreto actualmente en tramitación, que define los requisitos técnicos mínimos para las instalaciones conectadas a la red. El objetivo es garantizar la estabilidad y seguridad del sistema en un entorno más complejo, marcado por el crecimiento de las energías renovables, el almacenamiento y nuevas tipologías de demanda como los centros de datos.
Entre las principales novedades destacan la introducción de requisitos cuantificados en materia de control de potencia, respuesta en frecuencia y calidad del suministro, así como el reconocimiento del almacenamiento como activo dual y la integración de instalaciones híbridas.
Este nuevo enfoque reduce la discrecionalidad administrativa y aporta mayor visibilidad desde fases tempranas, aunque incrementa la exigencia técnica de los proyectos.
Zonas de Aceleración Renovable
Otra de las novedades destacadas es la creación de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), áreas destinadas a agilizar el despliegue de generación y almacenamiento energético. Estas zonas permitirán reducir los plazos administrativos, minimizar conflictos territoriales y aportar mayor seguridad jurídica a los inversores.
Además, se prevé que contribuyan a la creación de polos energéticos e industriales, favoreciendo el desarrollo de hubs vinculados a la transición energética.
El nuevo marco normativo tendrá un impacto directo sobre el desarrollo de activos logísticos, en un contexto de creciente electrificación de la actividad. Entre los principales efectos esperados destacan la liberación de capacidad actualmente bloqueada, la reducción del componente especulativo y una mejor alineación entre la planificación eléctrica y el desarrollo industrial.
Al mismo tiempo, el nuevo entorno introduce mayores exigencias en términos de plazos, viabilidad técnica y definición del uso final del consumo, lo que obliga a los promotores a estructurar proyectos más sólidos desde sus fases iniciales.
Tal y como se puso de manifiesto durante la jornada, el Real Decreto-ley 7/2026 configura un modelo más disciplinado y orientado a resultados reales. Aunque eleva el nivel de exigencia para los promotores, también abre oportunidades para proyectos maduros capaces de aportar valor, eficiencia y uso efectivo de la capacidad disponible.
En definitiva, la gestión de la red eléctrica se consolida como un elemento clave para el desarrollo del sector logístico, que deberá adaptarse a un entorno más regulado, pero también más transparente y predecible.
