La Comisión Europea ultima el nuevo marco legislativo que permitirá agilizar la movilidad militar en la UE, una reforma que trasciende el ámbito de la defensa y sitúa también a puertos, corredores logísticos e infraestructuras de transporte de España ante un escenario de creciente valor estratégico.
BILBAO. Si durante décadas la política europea de transportes ha perseguido facilitar el movimiento de personas y mercancías para fortalecer el mercado único, ahora, por primera vez, la Unión Europea pretende que esa misma red mueva con la misma rapidez soldados, vehículos blindados, munición, combustible y equipos militares cuando las circunstancias lo exijan.
No se trata de sustituir la logística comercial por la militar, sino de conseguir que ambas convivan sobre unas mismas infraestructuras de doble uso. Es un cambio de paradigma que comienza a tomar forma con la propuesta de Reglamento sobre Movilidad Militar presentada por la Comisión Europea, la posición negociadora ya adoptada por el Consejo de la UE y el impulso que el Parlamento Europeo pretende imprimir al expediente para que quede definitivamente aprobado antes de que concluya 2026.
La guerra de Rusia contra Ucrania ha acelerado una reflexión que Bruselas llevaba años demorando. Las instituciones europeas consideran que las actuales infraestructuras y procedimientos administrativos no permiten desplazar con suficiente rapidez fuerzas militares entre Estados miembros. Puentes incapaces de soportar grandes cargas, túneles con limitaciones dimensionales, diferencias regulatorias entre países, autorizaciones diplomáticas excesivamente lentas o procedimientos aduaneros basados aún en documentación física siguen siendo obstáculos para una respuesta rápida ante una crisis.
Marco jurídico común
El nuevo Reglamento pretende eliminar buena parte de esos cuellos de botella mediante un marco jurídico común para todos los modos de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, fluvial y aéreo), simplificando autorizaciones, armonizando procedimientos y acelerando la digitalización de la gestión administrativa. El objetivo declarado por la Comisión es facilitar “el transporte de equipos, mercancías y personal militar” minimizando al mismo tiempo el impacto sobre el tráfico civil.
Pero detrás de esta reforma existe una consecuencia mucho más amplia para el sector logístico europeo. El futuro Reglamento reconoce expresamente que una parte creciente del transporte militar ya no es realizada directamente por los ejércitos, sino mediante empresas civiles contratadas para estos servicios. Por tanto, operadores logísticos, transportistas, terminales ferroviarias, puertos, aeropuertos y gestores de infraestructuras pasan a convertirse en actores esenciales de la preparación estratégica europea.
Esta nueva dimensión explica también la estrecha relación entre la movilidad militar y la futura EU Ports Strategy, llamada a redefinir el papel de determinados puertos europeos dentro de la seguridad económica y estratégica de la Unión. Aunque ambas iniciativas mantienen desarrollos normativos independientes, responden a una misma filosofía: reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas y reducir vulnerabilidades en un contexto geopolítico cada vez más complejo.
La Comisión Europea sitúa la logística de doble uso entre las prioridades de la futura arquitectura de seguridad europea
Península Ibérica
En ese escenario, España y Portugal adquieren una relevancia singular. Situados en la fachada atlántica y en la entrada occidental del Mediterráneo, ambos países constituyen la principal puerta marítima del eje Norte-Sur europeo y un punto de conexión natural con América, África y buena parte de las rutas oceánicas internacionales. Esa posición geográfica convierte a muchos puertos ibéricos en candidatos naturales para desempeñar funciones logísticas adicionales en la futura red europea de movilidad militar.
El interés comunitario no está sólo en la capacidad portuaria. También es clave la conexión ferroviaria con la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), la disponibilidad de terminales intermodales, la proximidad a corredores estratégicos, la capacidad energética, las instalaciones de almacenamiento y los accesos terrestres para absorber grandes movimientos de material pesado.
Esta nueva dimensión explica también la estrecha relación entre la movilidad militar y la futura EU Ports Strategy, llamada a redefinir el papel de determinados puertos europeos dentro de la seguridad económica y estratégica de la Unión
Infraestructura de doble uso
Esta lógica explica que Bruselas insista en el concepto de infraestructura de doble uso. Carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos deberán seguir prestando servicio prioritariamente al tráfico comercial, pero al mismo tiempo estar preparados para responder con rapidez ante una posible necesidad militar. La CE considera que esta adaptación aumentará tanto la seguridad como la resiliencia del conjunto del sistema europeo de transportes.
La dimensión política del proyecto quedó patente la semana pasada en el Parlamento Europeo. Los coponentes del expediente, el polaco Michał Szczerba y el letón Roberts Zīle, confirmaron que las negociaciones con el Consejo comenzarán inmediatamente tras la aprobación del mandato parlamentario y defendieron acelerar el calendario legislativo.
”La movilidad militar constituye un facilitador estratégico esencial para la seguridad y la defensa europeas”, defendieron ambos eurodiputados durante su comparecencia, en la que insistieron en que los actuales retrasos administrativos “restan credibilidad y capacidad de respuesta” a la UE.
Más inversión para la logística de doble uso
La transformación de la movilidad militar dependerá en buena medida de la capacidad financiera de la Unión Europea. La Comisión plantea multiplicar por diez el presupuesto destinado a movilidad militar dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034), después de constatar que la demanda de proyectos supera ampliamente los recursos disponibles. Entre 2021 y 2027 se financiaron 95 proyectos de infraestructuras de doble uso en 21 Estados miembros, pero las últimas convocatorias del Mecanismo Conectar Europa (CEF) quedaron ampliamente sobresuscritas. Además del CEF, Bruselas prevé movilizar recursos del futuro Fondo Europeo de Competitividad, del instrumento SAFE, de la política de cohesión y del Banco Europeo de Inversiones, con el fin de acelerar la adaptación de corredores, terminales e infraestructuras estratégicas para usos civiles y militares.
La logística privada entra en la ecuación
Uno de los cambios menos visibles, pero probablemente más trascendentes, es el reconocimiento explícito del papel que desempeñan las empresas privadas dentro de la movilidad militar europea. La Comisión Europea constata que una parte creciente del transporte de equipos militares ya no es realizada directamente por las fuerzas armadas, sino mediante operadores logísticos, navieras, transportistas ferroviarios, empresas de carretera y compañías especializadas contratadas por los Estados miembros. Esa realidad obliga a adaptar la normativa europea para ofrecer un marco jurídico uniforme que facilite su participación.
La propuesta contempla igualmente la creación de un “Solidarity Pool”, una bolsa europea de capacidades de transporte y logística que permitirá compartir recursos cuando algún Estado miembro necesite reforzar rápidamente sus medios disponibles. Paralelamente, la futura plataforma digital europea facilitará el intercambio seguro de información entre autoridades civiles y militares, reduciendo la carga administrativa y aumentando la interoperabilidad.
Durante la presentación del informe parlamentario, Roberts Zīle reconoció que todavía queda por resolver un aspecto especialmente sensible: las posibles compensaciones económicas cuando una operación militar obligue a alterar o retrasar servicios comerciales prestados por empresas privadas. Los coponentes admitieron que ese equilibrio entre prioridad militar y actividad económica continúa siendo uno de los asuntos abiertos en la negociación con el Consejo.
Para el sector logístico europeo, la movilidad militar deja así de ser un asunto exclusivamente castrense para convertirse en una nueva dimensión de la planificación del transporte, en la que eficiencia, resiliencia y seguridad compartirán protagonismo con la tradicional competitividad de las cadenas de suministro.
Los puertos refuerzan su valor estratégico
Los puertos figuran entre las infraestructuras que más protagonismo adquirirán con el desarrollo de la movilidad militar europea. El objetivo no es convertirlos en bases militares, sino garantizar que determinadas instalaciones comerciales puedan apoyar, cuando sea necesario, el movimiento de tropas, vehículos, combustible o equipos sin comprometer la continuidad del tráfico civil.
La Comisión Europea incluye los puertos dentro del concepto de infraestructuras de doble uso, junto con ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, redes energéticas y sistemas digitales. En este escenario, la posición geográfica de España y Portugal adquiere un valor añadido. Su situación entre el Atlántico y el Mediterráneo, unida a su conexión con los corredores de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), convierte a enclaves como Algeciras, Bilbao, Valencia, Barcelona, Cartagena, Ferrol, Vigo, Gijón, A Coruña, Sines o Lisboa en activos logísticos de creciente interés para la planificación estratégica europea y para la futura EU Ports Strategy.
EMMERS: prioridad para mover tropas y equipos
El futuro Reglamento incorpora el European Military Mobility Enhanced Response System (EMMERS), un mecanismo extraordinario destinado a agilizar el transporte militar cuando una crisis exija movilizar rápidamente tropas, vehículos o material entre Estados miembros. El sistema permitirá acelerar permisos, autorizaciones diplomáticas y trámites aduaneros, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta. El Consejo propone incluso que pueda activarse en un plazo máximo de 72 horas a petición de uno o varios países. Durante la presentación del informe parlamentario, los coponentes Michał Szczerba y Roberts Zīle defendieron que la UE necesita procedimientos “más rápidos, más simples y plenamente digitalizados” para reforzar su capacidad de reacción. El objetivo es evitar que las diferencias administrativas entre Estados retrasen movimientos estratégicos en situaciones de emergencia.
