ERC da marcha atrás pero no renuncia a que se suprima la autorización del Consejo de Ministros
Temas
Tal y como en la tarde de ayer adelantó diariodelpuerto.com, ERC ha dado marcha atrás y ha renunciado a la práctica totalidad de las enmiendas que había presentado en el Congreso para limitar el papel de supervisión de Puertos del Estado sobre las autoridades portuarias. Eso sí, no renuncia a que se suprima la exigencia del visto bueno del Consejo de Ministros para todas las inversiones superiores a 12 millones de euros.
MADRID. Del total de 34 enmiendas para modificar la legislación portuaria, presentadas el pasado 6 de marzo en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía (procedente del Real Decreto-ley 8/2023), el Grupo Republicano ha decidido mantener sólo 10, al tiempo que ha retirado 24, según fuentes del grupo parlamentario consultadas por Diario del Puerto.
El objetivo de ERC con su propuesta inicial, según dichas fuentes, era proponer diversas mejoras de optimización y agilización en el ámbito portuario y lograr su aprobación mediante el consenso con todos los socios de investidura que apoyan al actual Gobierno.
Ahora bien, en el marco de la búsqueda de este consenso, el Grupo Republicano ha decidido finalmente retirar 24 enmiendas y centrar sus esfuerzos de consenso en un total de 10. Desde ERC se subraya que el objetivo de esta iniciativa nunca ha sido entrar a debatir sobre el modelo portuario, sino que el objetivo es establecer mejoras.
Las 10 enmiendas que permanecen vivas son la 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 99, 100 y 101.
Puestos en contacto con Puertos del Estado, fuentes del Organismo Público han subrayado a este Diario que estas 10 enmiendas que permanecen vivas son, a su juicio, “en gran parte mejoras técnicas, cuya redacción se pactará”.
El total de las 34 emmiendas presentadas por ERC tenían tres ejes primordiales: supresión de determinados procedimientos de control sobre las decisiones de las autoridades portuarias que en la actualidad ejercen Puertos del Estados y otros organismos de la Administración; inclusión de los usos puerto-ciudad dentro del dominio público portuario y como parte de la función de las propias autoridades portuarias; y modificaciones en diversos aspectos del ámbito concesional y de los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios.
Pues bien, del análisis pormenorizado de las enmiendas retiradas y conservadas se desprende que ERC ha renunciado a la práctica totalidad de las enmiendas que buscaban limitar el papel de supervisión de Puertos del Estado. Dentro de este bloque sólo se conserva la propuesta de que las inversiones superiores a 12 millones de euros dejen de requerir la aprobación del Consejo de Ministros, así como la modificación relativa a la impugnación de las decisiones de las autoridades portuarias.
De igual forma, también desaparecen la mayoría de las enmiendas relativas al ámbito puerto y ciudad, manteniéndose solamente la petición de que las autoridades portuarias puedan participar en la explotación de instalaciones destinadas a usos de puerto y ciudad.
Dentro del ámbito concesional, sólo se mantiene la exigencia de que los excedentes de electricidad por generación fotovoltaica sean compartidos con todo el puerto; y que la construcción o mejora de infraestructura portuaria básica pueda computar para la ampliación de los plazos concesionales, así como una pequeña mejora técnica relativa a la tasa de actividad.
Entre las enmiendas que se conservan también están las relativas a ampliar de 13 a 16 el número máximo de vocales del Consejo de Administración de toda autoridad portuaria; y a que la creación de los PCS se considere función propia de una autoridad portuaria.
Las enmiendas relativas a los pliegos de prescripciones particulares también han sido retiradas.