Panamá Ports Company, compañía de Hutchison Ports que gestiona las terminales de Balboa y Cristóbal junto al Canal de Panamá, ha iniciado un arbitraje en contra de la República de Panamá por la inconstitucionalidad de sus concesiones decretada por la Corte Suprema de aquel país.
PANAMÁ. La compañía de Hutchison Ports ha indicado que el arbitraje contra la República de Panamá se basa en el contrato de concesión y el marco jurídico que se ha plasmado durante casi tres décadas como un “contrato-ley”, proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable.
Panamá Ports Company (PPC) afirma que la República de Panamá “ha incumplido el contrato” y pide “una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario. PPC y sus inversionistas continúan reservándose permanentemente todos sus derechos”.
“El inicio del arbitraje por parte de PPC se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario”, indicó la compañía.
El arbitraje también se presenta tras los extensos esfuerzos de PPC a lo largo de un año para consultar y evitar disputas. Mientras diligentemente llevaba adelante las operaciones portuarias y cooperaba de múltiples maneras con el Estado panameño, PPC a través de diversas comunicaciones, también ha transmitido consistentemente sus preocupaciones sobre la campaña del Estado al ésta irse desarrollando, buscando sin éxito claridad y consultas para evitar la necesidad del arbitraje, ha destacado la firma de Hutchison.
“En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad”, añadió.
Resolución judicial
Como PPC ha informado, el Poder Judicial de la República de Panamá emitió un comunicado de prensa irregular en la noche del 29 de enero de 2026 tras el cierre de la Corte Suprema de Justicia, con relación a un fallo que declaraba inconstitucional la Ley Nº 5 de 16 de enero de 1997, entre otras leyes e instrumentos relevantes. Tal resultado es diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema con relación a contratos similares al contrato de PPC. El fallo judicial aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor.
Desde temprano en la mañana siguiente al comunicado de prensa judicial, el Estado panameño declaró y ampliamente desplegó pasos para tomar el control de las operaciones de PPC.
Con varias referencias al fallo judicial que no ha sido publicado, los pasos que tomó el Estado han incluido visitas inesperadas e instrucciones para que PPC, empresa privada, proporcione acceso irrestricto a propiedad física, comercial, intelectual e información, así como a sus empleados, sobre la base de que el Estado implementa “sistematizar y ejecutar” un “plan” de transición de los puertos a través de “acciones coordinadas” de las autoridades estatales.
PPC ha continuado gestionando las operaciones portuarias e interactuando respetuosamente con los representantes del Estado, incluyendo la solicitud de acceso al plan referenciado y oportunidades para consultar y coordinar.
Como PPC ha destacado, PPC y su inversionista, han invertido ampliamente en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cantidad múltiple veces mayor que la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país. Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para establecer a Panamá como un puerto y centro logístico reconocido a nivel mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo y generando un impacto positivo para toda la nación.
A pesar de los acontecimientos recientes, PPC reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto.
