LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La Junta de Obras fue constituida hace 120 años, en 1905, mediante Real Orden del entonces Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, a instancias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de asumir la administración del recién finalizado Puerto Refugio de La Luz. Aquel paso marcó el inicio de una estructura de gestión pública estable que, con distintas denominaciones a lo largo del tiempo, ha evolucionado hasta la actual Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que “celebrar estos 120 años es reconocer el valor de una institución que ha sabido crecer, transformarse y adaptarse a cada etapa histórica, acompañando el desarrollo económico y social de Canarias y garantizando siempre la conectividad y la competitividad de nuestros puertos”.
Desde su creación, la institución portuaria ha atravesado más de un siglo de profundos cambios económicos, sociales y geopolíticos, adaptándose a los distintos tráficos, a las transformaciones del comercio marítimo y a contextos especialmente complejos como crisis internacionales, cierres de rutas estratégicas o conflictos bélicos. Esta capacidad de adaptación ha convertido al Puerto de Las Palmas en un enclave resiliente y estratégico, capaz de responder a las demandas de cada época.
A lo largo de estos 120 años, cerca de una treintena de presidentes han encabezado la institución, reflejo de una trayectoria continuada de gestión pública que, especialmente en la etapa democrática, ha reforzado el papel fundamental del puerto dentro y fuera de Canarias. En este periodo, la gestión portuaria ha pasado de un modelo altamente centralizado a una administración con mayor capacidad de decisión desde el propio Archipiélago, consolidada a partir de la legislación portuaria de los años noventa.
En este sentido, Calzada añadió que “uno de los grandes logros de la Junta de Obras y de los organismos que le han sucedido ha sido su papel como garante del interés general, actuando como integrador de los distintos agentes del sistema portuario, una función clave que solo una institución pública puede desempeñar con esta visión de largo plazo”.