Las empresas estibadoras de Avilés garantizan el empleo tras la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) y ofrecen subrogación directa con plenas condiciones, según afirma en un comunicado la Asociación Patronal de Empresas Estibadoras de Asturias.
MADRID. La Asociación ha querido trasladar un mensaje claro: la disolución del CPE no supone una pérdida de empleo ni un deterioro de las condiciones laborales. Los 41 trabajadores actualmente vinculados al CPE de Avilés disponen de una oferta de subrogación por parte de las cinco empresas estibadoras, con mantenimiento íntegro de sus derechos y condiciones.
La subrogación propuesta implica una incorporación directa a las plantillas fijas de las empresas estibadoras, sustituyendo el esquema de empleo a través del CPE. Este paso supone, en la práctica, mayor estabilidad laboral y un modelo organizativo más sólido, orientado a la continuidad, la planificación y la mejora de la operativa.
Además, se ha puesto sobre la mesa una medida adicional de flexibilidad: la posibilidad de que cada trabajador elija a qué empresa desea subrogarse, lo que permite adaptar la decisión a preferencias personales y profesionales.
La integración en plantillas facilitará, además, una mayor especialización: los trabajadores conocerán en profundidad los procedimientos y exigencias de su empresa, mejorarán el encaje con los requerimientos técnicos y operativos y, en consecuencia, se reforzará la eficiencia del sistema y la competitividad del Puerto de Avilés.
Las empresas estibadoras de Avilés consideran que el modelo previo, basado en un sistema artificial, con rotación diaria entre empresas y sin especialización, no resulta viable para la realidad operativa del puerto, ni es equiparable al funcionamiento de otros sectores económicos. El objetivo de este cambio es cumplir la Ley y la normativa europea y, al mismo tiempo, garantizar un marco estable y sostenible para la estiba en Avilés.
Por ello, las empresas reiteran su voluntad de contar con los trabajadores del actual CPE, ofreciendo una subrogación directa en condiciones favorables y con flexibilidad, y quedan a la espera de la respuesta de la plantilla o de las propuestas que estimen oportunas.
Asoport denuncia el fracaso de la liberalización de la estiba
La Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT) considera que la huelga convocada en el Puerto de Avilés, en relación con la voluntad de varias empresas de separarse del Centro Portuario de Empleo (CPE) local, constituye una prueba inequívoca de que el sistema portuario español no está verdaderamente liberalizado, en contra de lo exigido por el Derecho de la Unión Europea.
España aprobó en los últimos años una nueva normativa que, formalmente, reconocía el derecho de las empresas estibadoras a separarse de los CPE y optar por modelos alternativos de contratación, dando cumplimiento —al menos en apariencia— a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014.
Dicha normativa fue posteriormente avalada por los tribunales nacionales. Sin embargo, la realidad operativa demuestra que esa liberalización es meramente teórica.
Los informes publicados en 2025 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como el análisis jurídico elaborado por el despacho Cuatrecasas, han corroborado lo que Asoport viene denunciando desde hace años: la normativa está mal diseñada y no permite una separación real y efectiva de las empresas de los CPE.
Según la asociación, ambos informes concluyen que persisten barreras legales, laborales y organizativas que desincentivan o impiden la separación de los CPE. Junto a ello, para Asoport los dos estudios apuntan a que existe una preferencia estructural y de facto por el modelo de CPE, incompatible con la neutralidad competitiva.
Por último, Asoport indica que los dos informes señalan que el sistema mantiene un statu quo cuasi monopolístico, contrario a las libertades fundamentales de la Unión Europea y que restringe el acceso efectivo de nuevos profesionales a la actividad de la estiba.
En este contexto, la huelga convocada en el puerto de Avilés —motivada por la voluntad de varias empresas de separarse del Centro Portuario de Empleo (CPE), lo que conlleva su liquidación— pone de manifiesto que el ejercicio de un derecho reconocido por la legislación y exigido por Europa genera un conflicto laboral inmediato.
Para Asoport, este hecho demuestra que: el sistema no tolera en la práctica la libre elección del modelo empresarial; la supuesta liberalización no protege a las empresas que deciden ejercer ese derecho y se mantiene una presión estructural que impide cualquier separación efectiva de los CPE y perpetúa las restricciones al acceso a la profesión.
Ante esta situación, Asoport continuará e intensificará las acciones legales ante las instituciones europeas para que: se obligue a España a llevar a cabo una liberalización real y efectiva del sistema portuario. se garantice, de una vez por todas, el derecho de las empresas a organizar libremente su actividad y el acceso efectivo de la ciudadanía a la profesión de la estiba, eliminando las restricciones injustificadas a la competencia, tal y como exige el Derecho de la Unión Europea.
“La huelga de Avilés no es un conflicto laboral aislado: es la evidencia de que España sigue sin cumplir una sentencia europea dictada hace más de una década”, señalan desde Asoport.
