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La estiba de Avilés irá a la huelga el 16 de febrero tras fracasar la negociación con las empresas

Los estibadores del Puerto de Avilés no han alcanzando un acuerdo con las empresas e irán a la huelga el lunes 16 de febrero en protesta contra la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE) que afectará de forma directa a 66 trabajadores y a las empresas consignatarias tras no lograrse una solución en el SASEC.

BILBAO. El conflicto en el Puerto de Avilés se ha convertido en un foco de tensión en el sector portuario español, con los estibadores alertando de que la liquidación del Centro Portuario de Empleo abriría una “puerta a un modelo sin control ni empleo estable”.

Desde el Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias (SEPRA), se critica que el proceso de liquidación del CPE se haya impuesto sin una negociación real orientada a buscar alternativas que garanticen continuidad laboral y estabilidad. La plantilla insiste en que la decisión, además de poner en riesgo sus empleos, puede sentar precedentes peligrosos para otros puertos del país, generando un efecto dominó en el sistema portuario español.

Tras meses de incertidumbre y la ruptura de las conversaciones con las empresas implicadas, los trabajadores han confirmado que los paros arrancarán el lunes 16 de febrero como respuesta directa al fracaso del diálogo en el marco del Sistema de Resolución de Conflictos Colectivos (SASEC). La huelga afecta de forma directa a 66 estibadores y, por extensión, a las empresas consignatarias cuya operativa depende de la actividad de estos profesionales.

Liquidación del CPE

La plantilla reclama la paralización de la liquidación del CPE y la apertura de una negociación que incluya garantías para el empleo, argumentando que la liquidación no responde a causas económicas, organizativas o productivas, sino que pone en riesgo la dignidad laboral en una instalación que gestiona millones de toneladas de mercancías anuales con un número reducido de estibadores.

Los estibadores de Avilés han señalado además que la liquidación del CPE podría dar lugar a un incremento de la eventualidad, a prácticas de intrusismo laboral y a una precarización generalizada del trabajo portuario, algo que consideran inaceptable y que puede tener efectos más allá de la propia ciudad asturiana.