El “America’s Maritime Action Plan” enmarca parte de sus disposiciones arancelarias y regulatorias dentro de la investigación iniciada en 2024 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las políticas de la República Popular China en los sectores marítimo, logístico y de construcción naval. Dicha investigación, tramitada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluyó en enero de 2025 que determinadas prácticas chinas eran “irracionales” y perjudiciales para el comercio estadounidense.
El informe oficial determinó que la estrategia industrial china había favorecido una expansión acelerada de su capacidad de construcción naval mediante apoyo estatal, financiación preferencial y políticas de integración vertical en logística y transporte marítimo. Según el documento, esta situación habría contribuido a la pérdida de cuota de mercado de los astilleros estadounidenses y al debilitamiento de su base industrial.
El plan marítimo no introduce de forma directa nuevas sanciones específicas contra China, pero sí incorpora la investigación como fundamento estratégico para reforzar instrumentos regulatorios internos. En este sentido, varias de las propuestas, como la tasa a buques construidos en el extranjero, el fortalecimiento de los requisitos de preferencia marítima o el endurecimiento de normas de contenido doméstico, se presentan como mecanismos estructurales para reducir la exposición a prácticas consideradas distorsionadoras del mercado.
Asimismo, el documento señala la intención de coordinar actuaciones con aliados como Corea del Sur y Japón para revitalizar la capacidad de construcción naval estadounidense.