Consejos de Administración de Autoridades Portuarias
Un equilibrio de poder siempre muy complejo
Reparto actual de asientos en el Consejo de Administración de una autoridad portuaria de acuerdo con la composición máxima y el reparto contemplado en el Texto Refundido de la Ley de Puertos. Infografía José Antonio Sánchez.
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En sus enmiendas de reforma de la legislación portuaria, ERC ha decidido mantener su propuesta de ampliación de los Consejo de Administración de las autoridades portuarias. Se trata de una cuestión muy sensible política y también financieramente.
madrid. Desde la constitución por la Ley de Puertos de 1992 de las actuales 28 autoridades portuarias, la composición de sus Consejos de Administración solo ha experimentado dos reformas, ambas ligadas a las dos cuestiones más sensibles que los determinan: el condicionante político y el condicionante económico.
Los Consejos nacieron en 1992 integrados por el presidente, un vicepresidente, el director del puerto y entre 10 y 20 vocales, de los cuales tan sólo 1 representaba a la comunidad autónoma y otro al poder municipal.
En este contexto, la primera reforma, la de la Ley de 1997, incidió directamente en esta cuestión del poder político y el equilibrio competencial, toda vez que el impulso de la reforma esencial era otorgar competencias portuarias a las comunidades autónomas y la presidencia y los consejos de administración eran los ámbitos clave.
Los Consejos sólo han sido renovados dos veces en su historia: por razones competenciales y por razones financieras
Con esta reforma, además de tres miembros natos (presidente, capitán marítimo y director) se amplió el número de vocales a entre 15 y 22 designados por las comunidades autónomas, si bien 4 eran representantes de la Administración General del Estado, un 14% eran representantes de los municipios, un 24% representaban al sector empresarial y el resto representaban directamente a la Comunidad Autónoma.
Esta estructura pervivió sin debates de relevancia y vocación de permanencia hasta que en el año 2010, en los momentos más duros de la crisis económica, se apostó desde el Gobierno por adelgazar la Administración y se constató que los Consejos de Administración de las autoridades portuarias eran una de las estructuras en el ámbito público más sobredimensionadas.
Acordó así el Gobierno mediante real decreto ley una reducción de los miembros de los Consejos de Administración de las autoridades portuarias del 40%, plasmada finalmente en el Texto Refundido de la Ley de Puertos de 2011.
Con ello hubo que distribuir de nuevo los equilibrios de poder. En primer lugar, el director quedó fuera con voz pero sin voto siendo únicamente miembros natos el presidente de la autoridad portuaria y los capitanes marítimos.
En segundo lugar , se asignaron 3 vocales a la Administración General del Estado y 4 a las comunidades autónomas.
Por último, el 33% de los vocales restantes se asignaron a los ayuntamientos y el 66% de los restantes a las empresas.
En el caso de las autoridades portuarias insulares el máximo se elevó a 18 para acoger a todos los municipios y entidades locales dado el amplio número de puertos administrado.
EL DATO
+20%
miembros. La propuesta de ERC podría suponer un incremento del número de miembros de hasta un 20% sobre la composición actual y de un 17% entre el máximo actual y el de la reforma.
La drástica reducción en el número de consejeros (256 menos según los datos actuales) ha evidenciado en estos años algunos daños colaterales de difícil encaje.
Por un lado, el poder municipal se ha sentido infrarrepresentado, máxime si es necesario compartir asientos con varios municipios.
Por otro lado, es complicado dar encaje a los muy distintos colectivos empresariales y sindicales que se concitan en un puerto con intereses operativos y estratégicos contrapuestos. En puertos como Barcelona se ha buscado paliar este problema , por ejemplo, cediendo a los representantes sectoriales los puestos que le corresponden a la Generalitat.
La propuesta de ERC precisamente incide en buscar soluciones al equilibrio de poder dando más presencia a municipios y empresarios, eso sí, a costa del otro factor, el económico, donde tiene mucho que decir Hacienda. Veremos qué posición toma.
ERC: un representante más para los ayuntamientos y dos más para las empresas
En estos momentos, el Grupo Republicano (ERC) en el Congreso de los Diputados mantiene vivas sus enmiendas para reformar la composición de los Consejos de Administración de las autoridades portuarias.
Su primera propuesta es que el máximo de vocales pase de 13 a 16. Como quiera que no se proponen cambios para el número de representantes de la Administración General del Estado (tres) ni para los designados por la comunidad autónoma (cuatro), los nuevos tres vocales que propone añadir ERC irían al apartado “resto de miembros del Consejo”. Ese “resto”, en sus composiciones máximas, son 6 vocales en el caso de la actual legislación y 9 vocales en el caso de la propuesta de ERC, estando definidos para representar a los Ayuntamientos y al sector empresarial y sindical.
En la actualidad, el 33% de esos vocales (dos) deben representar a los municipios en los que se ubica la zona de servicio gestionada por la autoridad portuaria y el 66% restante (cuatro) deben representar al sector empresarial y sindical.
Con la propuesta de ERC y manteniéndose el reparto del 33% y 66%, los tres nuevos vocales se repartirían de tal forma que uno de ellos sería para los municipios y otros dos serían para las empresas. De este modo, los municipios pasarían a tener en total un máximo de tres miembros en el Consejo y las empresas y sindicatos alcanzarían un máximo de 8 representantes.
Es un factor importante porque los municipios pasarían a tener la misma representación (tres) que la Administración General del Estado, mientras que las empresas, que hasta ahora tenían la misma que las comunidades autónomas, tendrían un 50% más que éstas y el doble que la Administración General del Estado.
Es muy importante subrayar que hay una segunda enmienda de ERC que matiza de manera importante la asignación de los representantes de los municipios. Se mantiene el criterio de que los municipios referidos son aquellos en cuyo término esté localizada la zona de servicio del puerto. Ahora bien, ante puertos con extensión en distintos municipios y la imposibilidad de otorgar un consejero a todos ellos si son más de dos, el actual texto refundido lo que recoge es que primero tiene un puesto asegurado el municipio que da nombre al puerto y, luego, los vocales restantes se repartirían en función de cuál de los otros municipios tiene más zona de servicio ocupada por el puerto.
Fuera del puerto y del Consejo
Pues bien, ERC propone suprimir todas estas referencias y, manteniendo el 33%, limitarse a que los municipios representados deban ser los de las zonas de servicio del puerto sin dar más detalles ni aclarar el reparto exacto. A la hora de interpretar la propuesta, es cierto que al ampliarse a 3 los vocales, la casuística de municipios que se quedarían fuera se reduce en gran parte. Ahora bien, lo de no primar el municipio que da nombre al puerto puede suscitar el riesgo de que alguno quede fuera del Consejo si ya no conserva espacio portuario en su término al desarrollarse puertos exteriores o nuevas dársenas.
De 676 miembros en 2010 a 420 en 2024
En 2010, de acuerdo con el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, las autoridades portuarias españolas sumaban en sus consejos de administración 676 consejeros. De las 28 autoridades portuarias, un total de 15 tenían designado el máximo de 25 consejeros.
Ese mismo año, por decisión del Consejo de Ministros se aprobó una reducción de los miembros del Consejo de Administración de los Puertos del 40%, plasmada en el Texto Refundido de la Ley de Puertos de 2011. En virtud de esa ley, en vigor, y de acuerdo con la información publicada en la web de cada autoridad portuaria, en estos momentos las autoridades portuarias españolas suman un total de 420 consejeros, un 37% menos que en 2010. En este caso, son 21 autoridades portuarias las que tiene el máximo de consejeros, 15, en el caso las tres insulares, 18. Los puertos con menos consejeros según los datos públicos, ambos con 13, son Alicante, con dos vacantes en representación de la Generalitat, y Cartagena, que no tiene presidente de autoridad portuaria.
ERC propone elevar los vocales para todos los puertos a un máximo de 16, lo que supondría un máximo en los puertos españoles de 504 consejeros, hasta un 20% más con respecto al reparto actual.
Consejo Rector de OPPE: muchos asesores y algún diseñador universal
El órgano de Puertos del Estado homologable al consejo de administración de una autoridad portuaria es el Consejo Rector.
Creado a partir de la Ley de Puertos de 1992, nació integrado por un presidente, que es el propio presidente de Puertos del Estado, y por un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros.
Posteriormente, la reforma legislativa de 1997 elevó los miembros a un mínimo de 12 y un máximo de 15, que es la estructura que actualmente se mantiene vigente en el Texto Refundido de la Ley de Puertos.
Lo más relevante es que todos los miembros del Consejo Rector lo son por designación del ministro de Transportes. Es más, esta es la única referencia existente en la Ley de Puertos acerca del quién y del cómo de los integrantes del Consejo.
“El Consejo Rector está integrado por el Presidente de Puertos del Estado, que lo será del Consejo, y por un mínimo de doce y un máximo de quince miembros designados por el Ministro de Fomento” reza el artículo 20.1 del Texto Refundido. Nada se dice ni de la formación, ni de la preparación, ni de la adscripción y/o representación de los designados. Sólo se indica que se hará cargo de su elección el ministro.
Históricamente, esta vaguedad de la ley fue compensada en parte con la intención notoria de los responsables ministeriales de que en dicho Consejo Rector de Puertos del Estado estuvieran representados todos aquellos ministerios y departamentos que pudieran tener una relación más directa con el ámbito portuario o incluso competencias cruzadas. De ahí la presencia a lo largo de la historia no ya de meros representantes sino sobre todo responsables de departamentos de Marina Mercante, Agricultura y Pesca, Hacienda y Administración Aduanera o incluso Sanidad, por poner sólo algunos ejemplos.
Ahora bien, esto no ha evitado que el Consejo Rector de OPPE se haya convertido en distintos momentos con mayor o menor intensidad en una agencia de colocación de asesores y variopintos integrantes con más voluntad de completar sus nóminas con las pertinentes dietas que de aportar algo al debate portuario. El ejemplo de Koldo García, es el caso más sangrante pero no el único que ha sorprendido en estos años.
Integrantes en la actualidad
Por lo que respecta a la composición actual del Consejo Rector, la última actualización hecha pública por Puertos del Estado tiene fecha de 6 de marzo de 2024, precisamente el día que fue cesado el secretario general de de OPPE, Álvaro Sánchez Manzanares.
Lo integran 15 vocales. Un total de 10 pertenecen al ámbito del Ministerio de Transportes. De ellos hasta 5 son asesores del ministro, el secretario de Estado o la Secretaría General Técnica. Los 5 restantes tienen diversos cargos en departamentos como el Centro de Información Geográfica, Marina Mercante, Carreteras o la Secretaría General de Transporte Aéreo y Marítimo.
Solo 4 vocales pertenecen a otros ministerios: la ya exdirectora del Departamento de Aduanas, Pilar Jurado (Hacienda), la subdirectora general de Acuicultura (Agricultura), la jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia y un asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Para terminar, sorprende la presencia de Francesc Romeu Martí, justificada como “abogado experto en Accesibilidad y Diseño Universal”.