España va camino de los 50 millones de habitantes. Cifra redonda que, si la comparamos con la población de otros países, puede que no sea muy grande, pero que pone sobre la mesa la realidad que vivimos por mucho que algunos se empeñen en negarla. Los flujos migratorios y el crecimiento del turismo internacional hacen que sea muy factible que, al acabar este año 2026, nuestro país se marque un nuevo hito poblacional. Sin embargo, la gran duda es si las infraestructuras españolas están preparadas para afrontar este reto; llegar a los 50 millones de habitantes tiene sus derivadas, que no son pocas.
La primera es que, mientras el número de ciudadanos ha ido creciendo de manera paulatina a pesar de tener una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, la inversión pública ha transitado el camino inverso. De hecho, el peso que ha tenido esa inversión pública en el crecimiento del PIB en los últimos años ha sido desigual, pasando del 35% entre los años 2014 y 2019 a algo más del 21% entre 2021 y 2025, y ello a pesar de los Fondos Next Generation que han llegado desde Europa en los últimos años, que no han logrado incentivar tanto como se hubiera querido la inversión privada.
Las infraestructuras de transporte ha sido uno de los sectores más afectados por esta situación. Carreteras y ferrocarril acusan más que otras infraestructuras una mayor utilización por parte de particulares y empresas. El aumento de la población hace crecer el consumo y, por tanto, la demanda de servicios de transporte de mercancías por carretera. Por su parte, los operadores ferroviarios de mercancías siguen compartiendo en muchas zonas de la red nacional espacio con los pasajeros, algo que, por un lado, impide su desarrollo y, por otro, aumenta la presión sobre unas infraestructuras que en muchas zonas están en una situación de “mírame y no me toques”. Es lo que tiene dedicar ingentes recursos a la alta velocidad olvidando lo demás.