Metidos como estamos en el Estrecho de Ormuz, el conflicto en Oriente Medio, el precio desorbitado del barril de petróleo, las consecuencias para la economía global y demás disrupciones de la cadenas logísticas, pasan desapercibidas cuestiones que, aunque no gozan del glamur de un conflicto internacional, sí tienen especial incidencia en el devenir de este sector logístico nuestro. ¿Verdad que si les menciono la expresión “coeficientes reductores” pueden adivinar por dónde voy? ¿Y verdad que si les hablo de “jubilación anticipada” ya han atado todos los cabos? Hace ya más de seis meses que empresas y sindicatos del transporte acordaron pedir de manera conjunta a la Dirección General de la Seguridad Social iniciar el procedimiento administrativo que tuviera como fin último la jubilación anticipada de los conductores profesionales de transporte de mercancías por carretera.
Más de un año antes, el Gobierno se comprometió ante los agentes sociales a habilitar una herramienta para anticipar la jubilación en las actividades con más bajas y siniestralidad a cambio de un incremento de cotizaciones. El decreto que reflejaba este acuerdo en el BOE se retrasó hasta mayo de 2025. Y la Comisión de Evaluación que ha de estudiar cada solicitud de cada sector de actividad no vio la luz hasta octubre de 2025. El Boletín Oficial del Estado marcaba unos plazos (seis meses) en los que había que dar respuesta a esas solicitudes; tampoco se han cumplido. Les cuento todo esto para que se hagan una composición de lugar de dónde venimos y dónde estamos.
Recapitulemos. El sector de la carretera presenta la solicitud en octubre de 2025. Y esta es la hora y el día en que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) sigue elaborando su informe, un informe que deberá ser remitido a esa Comisión de Evaluación, un órgano formado por siete miembros de la Administración, dos representantes de los sindicatos y otros dos de la patronal. Esta Comisión es la que debe elaborar una resolución del informe de la DGOSS, una resolución que no es vinculante ni definitiva, ya que esa decisión compete únicamente a la Seguridad Social. Y como es lógico, el sector comienza a mosquearse. El pasado mes de marzo, los sindicatos lanzaron un aviso: más de 5.000 profesionales se concentraron ante el Ministerio de Transportes para reclamar más celeridad en la elaboración de este informe.